HAY órdenes que se incumplen sistemáticamente. Por ejemplo, las de derribo de las construcciones urbanísticas ilegales. Ya puede ser la Justicia la que dictamine que debe tirarse una obra (léase depuradora de Reza o centro comercial Carrefour) o ya puede ser el Concello el que acuerde el derribo (edificio de la rúa Bierzo) que el resultado final es idéntico: . En los últimos años no se contabilizó ningún cumplimiento de sentencia lo que, visto de otra manera, significa la obtención de pingües beneficios económicos para quienes incumplen la normativa. Si a esta realidad le unimos la lentitud en la tramitación de los asuntos judiciales relacionados con la construcción, no es sorprendente que el 80% de los españoles piensen, según el último estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que las decisiones de los tribunales son tan lentas que vale más evitar meterse en pleitos legales. Porque, al final, ¿qué importa que se sentencie que hay que derribar Carrefour si éste sigue haciendo caja todos los días y los prometidos accesos que compensarían las ilegalidades de la compañía francesa siguen esperando? La Justicia, que es justa por definición, no le transmite al ciudadano la confianza que debiera. En el mencionado estudio, a la pregunta de si «¿cree usted que a la hora de aplicar las leyes se da el mismo trato a todos o se hacen diferencias según de quien se trate?», el 84,1% de los encuestados estaba convencido que no se medía a todo el mundo por el mismo rasero y que los poderosos salían mejor parados. La provincia de Ourense no iba ser una excepción. Del TSXG o del Supremo llegan sentencias que jamás se ejecutan lo que conlleva la desconfianza a los ciudadanos y que no se cumpla la premisa máxima de que las instituciones están para generar confianza en los administrados y darle satisfacción a las víctimas. A veces parece que es todo lo contrario.