Las decenas de sanciones que a diario imponen los trabajadores de la concesionaria del servicio de la ORA en la capital carecen, hasta el momento, de validez sancionadora, con lo que el procedimiento es en la práctica idéntico al que el Concello de Ourense ha venido adoptando en los últimos años. La institución no tiene pensado tramitar las multas que los empleados de la adjudicataria dejan en los parabrisas de los vehículos cuanto éstos carecen de tique o cuando han sobrepasado el tiempo máximo de estacionamiento que se corresponde con la cantidad insertada en la máquina expendedora.
El concejal de Tráfico, el nacionalista Fernando Varela, reconoció ayer mismo que el Concello no ejecuta la multa que, de todos modos, no puede imponer el vigilante, sino que a lo sumo la tendrá que validar un agente de la Policía Local. Los trabajadores de la empresa remiten a su central todas las incidencias que se han producido en el horario de limitación horaria de aparcamiento y desde ahí se entregan a la propia policía.
Es ahí donde se quedan en apariencia atascadas. Varela reconoce que no están tomando medidas al respecto y siguen en la práctica con el procedimiento que se ha venido siguiendo ya con anterioridad a que la compañía actual se quedase con el contrato público. «As multas teñen validez cando as impón un axente da policía, que pode ser requerido por un vixiante ou pode el mesmo o que a pode poñer», aclara el concejal de Tráfico.
En cualquier caso, esto no significa que se permita la impunidad en el millar de plazas de aparcamiento que la ciudad tiene bajo la ORA. Si un conductor estaciona su vehículo y no paga la tasa en la máquina expendedora o sobrepasa en una hora o más el tiempo máximom, el coche puede ser retirado por la grúa, como así se está haciendo en estos momentos.
La validez de las sanciones en estas plazas ha sido siempre objeto de polémica por un supuesto vacío legal que no aclararía las competencias de un vigilante para multar un coche que no tenga su justificante. Cuando el contrato estaba en manos de otra empresa y el Concello regido por el PP, tampoco se ejecutaban las sanciones.
Situación idéntica
En el momento en el que pasó la concesión de Setex Aparkisa al grupo Vendex, el anterior gobierno de la capital había sugerido la posibilidad de que se comenzasen a cobrar, sin que este hecho se esté produciendo hasta el momento ni esté tampoco en la agenda de prioridades del actual equipo de gobierno.
Así pues, el Concello mantiene una prestación pública por la que paga 1,1 millones de euros al año tanto por la ORA como por la grúa y asume las dificultades de promover el cobro de unas sanciones que se suelen acumular en la Policía Local.