Mientras se dan los pasos necesarios para la puesta en marcha del nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en Ourense, el compromiso político para la creación de un juzgado específico para la atención de los casos de violencia familiar se mantiene aparentemente bloqueado. Antonio Piña, el juez decano de Ourense, ha trasladado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, la inquietud existente por el parón que se detecta en este campo, a pesar del acuerdo parlamentario para que en junio del 2010 pudiese estar en marcha este juzgado.
La perspectiva de que el nuevo juzgado tuviese ámbito comarcal ha encontrado el rechazo del Ministerio de la Igualdad y ello ha frenado los avances y dado lugar a no pocas suspicacias acerca de la voluntad efectiva del Gobierno para ponerlo en marcha.
Llama la atención que en Galicia haya dos juzgados de este tipo entre el centenar del conjunto de España.