El Concello ve la reclamación de los paneles como «contas da leiteira»

Pepe Seoane OURENSE/LA VOZ.

OURENSE

Si la instrucción del procedimiento penal por el caso de los paneles del BNG avanza con agilidad, únicamente pendiente de la declaración de un último testigo en julio, el recurso contencioso-administrativo presentado por Afiador contra el Concello de Ourense discurre también a su ritmo. La administración municipal, que ha encargado la defensa de los intereses públicos al abogado Xosé Luís Brea Sanmartín, ha rechazado en su contestación a la demanda las pretensiones de Afiador, la firma que vio frustradas sus perspectivas de negocio al desautorizar la junta de gobierno la gestión del ex teniente alcalde del BNG, Alexandre Sánchez Vidal, en este asunto.

El Concello de Ourense sostiene que el proceder de la administración local no ha causado quebranto, daño o perjuicio alguno a a la empresa, que prácticamente se constituyó para explotar el negocio de los paneles. «Non tendo nada que reclamar Afiador Produccións S.L. e sen causarlle prexuízo algún, máis alá que posibles contas da leiteira», concluye el escrito, en el que se solicita del juez que imponga las costas a Afiador «dado o seu evidente dolo».

El Concello sustenta su rechazo a la demanda de daños y perjuicios, en que la empresa sabía que era la junta de gobierno la que tenía que aprobar el convenio/contrato firmado por Sánchez Vidal con fecha del 4 de febrero del 2008. Niega además que hubiese licitación público, como defiende Afiador.

El abogado del Concello resume la sucesión de hechos de tal modo que la administración quedaría exonerada de responsabilidad. Un funcionario redactó un contrato/convenio para que, según indica, la junta de gobierno local decidiese; la propuesta fue firmada por el ex teniente alcalde para enviarla a la junta, donde los servicios jurídicos municipales advirtieron que era preciso hacer una concesión administrativa, al tratarse de ocupación de dominio público, aparte de detectar otras irregularidades administrativas de Afiador. Por todo ello, se pidió informe al Consello Consultivo de Galicia, que amparó la nulidad del convenio y así el gobierno local «decidiu non aprobar a proposta realizada, non tendo nada que reclamar Afiador».