Los populares descartaron en el 2008 denunciar estas obras al fiscal
14 mar 2014 . Actualizado a las 07:25 h.Al grupo municipal del PP de Ourense que lideró Enrique Poly Nóvoa entre los años 2007 y 2011, durante el mandato de la anterior corporación, le parecía que era «suficiente dosis de juzgado» el caso de los paneles. Valoraron la posibilidad de dar cuenta a la Fiscalía de las irregularidades que entonces advertían en la adjudicación de las obras de Bedoya, las mismas que ahora han dado pie a la imputación de la junta de gobierno del 2008, pero lo descartaron. No querían que se les reprochara un pretendido afán de judicializar la vida política, argumento que en el momento actual carece de consistencia.
Los populares tuvieron sobre la mesa los dos casos. El de los paneles, por la fallida adjudicación de unas pantallas informativas en puntos estratégicos de la ciudad, que se iba a conceder a una empresa formada para ese fin, por el mismo procedimiento negociado y sin publicidad. Las millonarias perspectiva de negocio que entonces se barajaban, aunque luego fueran discutidas, los convencieron para elegir este asunto. Con toda la documentación acudieron a la Fiscalía y se personaron luego como acusación, cuando el juez aceptó la querella del fiscal.
Otro aspecto que valoró el PP fue el empresarial. Afiador Produccións, la firma creada para explotar los paneles, no tenía actividad, ni tampoco empleados. Ponderaron que la situación sería radicalmente distinta si eran empresas de la construcción las que se iban a ver salpicadas por una investigación penal, en el supuesto de optar por la denuncia de las obras, según las conclusiones a las que entonces llegaron. Desequilibró la balanza que los paneles, según el análisis de aquel entonces, podían fácilmente presentarse como un «pelotazo». Las obras de mejora en cualquier calle o plaza de la capital tendrían peor explicación pública, puesto que, sean cuales fueren los modos utilizados, reportaban beneficios a la ciudadanía.
Con todos esos argumentos, el entonces único grupo de la oposición, con trece de los veintisiete concejales de la corporación, limitó al ámbito político la denuncia de las presuntas irregularidades. Cinco años después, sin embargo, en un entorno de sospecha generalizada, imputaciones y procesos que se asocian a corrupción, Democracia Ourensana recogió el testigo, acudió directamente al juez y ha logrado su primer objetivo, que se cite como imputados a todos los miembros de aquella junta de gobierno local.