La reclamación económica de Afiador al Concello de Ourense llegará al TSXG

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La empresa reclama treinta millones y resalta que dos sentencias conceden validez al contrato firmado con el exteniente de alcalde Sánchez Vidal

09 abr 2014 . Actualizado a las 23:00 h.

Afiador Produccións, la empresa creada en el año 2008 para la gestión de un servicio de paneles informativos y publicitarios, que se iba a sustentar en una fallida concesión a cuarenta años que promovió el BNG durante el mandato de la corporación anterior, no se conforma con una primera sentencia en contra de un juzgado de lo contencioso administrativo de Ourense. La resolución, favorable a los intereses del Concello, desestimó la reclamación planteada por Afiador, que pide treinta millones de euros de indemnización por no haber cumplido la administración local el contrato firmado en su día por el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal.

Después de que se hayan dictado tres sentencias en relación con el caso de los paneles, dos de ellas en el ámbito penal y la tercera y más reciente en el contencioso-administrativo, consideran que dos de ellas comparten sus posiciones. El Tribunal Supremo, de hecho, concede legitimidad al contrato suscrito con el exteniente de alcalde, e, igualmente, el juez de lo contencioso de Ourense «viene a darnos la razón», dicen desde Afiador, al conceder al mismo documento carácter de «auténtico contrato administrativo». Y aunque no comparten la conclusión, esto es, un fallo que les es defavorable, apelarán al Tribunal Superior de Galicia.

«Acreditado por tanto que nos hallamos ante un verdadero contrato», decía el juez de lo contencioso en su sentencia, «procede examinar si ha sido procedente la declaración de nulidad del mismo por parte del Ayuntamiento de Ourense». Es aquí donde está la discrepancia.

Se muestran los socios de Afiador dolidos «por la persecución penal y política (a pesar de que no somos políticos) en la que se nos presentaba como delincuentes. Las sentencias en el ámbito penal, que exculparon a los dos socios de Afiador muestran, a su juicio, «que la verdadera ilegalidad es la cometida por el ayuntamiento, al desentenderse, sin compensación alguna, de un compromiso adquirido con unos ciudadanos que no son responsables del descontrol que reina en la corporación, también expresamente reconocido por los tribunales».

En el procedimiento penal fueron absueltos tanto los dos empresarios, Daniel Conde y Omar Bouzo, como el funcionario Elías Domínguez y los tres políticos imputados, entonces vinculados al BNG, Alexandre Sánchez Vidal, Andrés García Mata y David Cortón.