Dice que percibe una concertación «para debilitar y destruir» a su equipo
23 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, cree que cuando llega a los juzgados algún asunto que toque al gobierno local «todo se mira bajo el prisma del delito y de la corrupción». Mientras, «cuando los que se equivocan son otros, [...] es cuestión de errores invencibles o errores administrativos subsanables y habituales, consecuencia de la existencia de dudas razonables en la interpretación de las normas». En un escrito dirigido al fiscal superior de Galicia, que este acaba de remitir a la Fiscalía de Ourense al no haber advertido «indicios delictivos contra personas aforadas», el regidor transmite su pesadumbre al percibir la existencia de una concertación «para debilitar y llegar a destruir» al actual gobierno local. Alude a «políticos, funcionarios, empresarios y periodistas», aunque al concretar no pasa de la vinculación entre el portavoz y líder de Democracia Ourensana (D. O.), Gonzalo Jácome, con el promotor ourensano Bautista Rodríguez Díaz. Sobre uno y otro basculan la mayoría de los casos abiertos en el ámbito penal en los juzgados de Ourense.
El regidor ourensano, que esta misma semana anunció que renuncia a ser candidato, contrapone dos casos concretos para concluir que «el trato no es igual». En uno de ellos -la denuncia va dirigida contra el anterior gobierno local PSOE-BNG por la adjudicación de las obras de la calle Bedoya, por haberse seguido un procedimiento negociado en vez del concurso- «se investiga prolijamente y se cita a quince personas, diez de ellas como imputadas, sin requerir a la Fiscalía en ningún momento». En el otro, por la venta de unos equipos de música a la empresa del portavoz de D. O. durante el último mandato del PP, «la investigación se limita a pedir el expediente (que no existe) y solicitar informe de la Fiscalía, donde se pide el archivo de la causa, al no advertir el más mínimo indicio de responsabilidad criminal; eso sí, a la vista de las diligencias practicadas, que prácticamente no existieron».
Subraya el alcalde de Ourense cómo en algunos casos se han producido diferencias de interpretación entre distintos órganos. En un caso por prevaricación, en el que está imputada la concejala Áurea Soto, el instructor se ha encontrado con que por dos veces la Audiencia de Ourense ordenó reabrirlas. Se pregunta «quién tendrá la razón en esta continua pugna entre archivar y reabrir la causa». «¿Estaría prevaricando quien se obceca una y otra vez en archivar sin razones una causa? ¿O más bien prevarica quién ordena sistemáticamente reabrir tantas veces como sea necesario?», se pregunta.
«Nuestra verdad»
En particular, sobre diligencias abiertas en Ourense a la concejala de Urbanismo por no haber permitido a un empresario el acceso al PXOM antes de su aprobación, denunciada por el interesado, al regidor le llama la atención que en un juzgado de Lalín estén abiertas otras diligencias justamente por lo contrario en Silleda, o en el caso Brugal, de Alicante, se le atribuyan distintos delitos a la alcaldesa por revelar información a un constructor.
El alcalde muestra al fiscal superior el deseo de trasladarle «nuestra verdad» sobre las causas que paralizan la gestión municipal, cuestionan las actuaciones y conductas «y nos someten a un juicio constante en los medios de comunicación, en el seno de nuestro partido y en nuestra propia casa». Las denuncias, en su opinión, tienen como causa común la de ser asuntos administrativos que deberían verse en la vía contenciosa. Cree, además, que los denunciantes tienen intereses espurios al margen de cada procedimiento. En cualquier caso, «el paseíllo judicial, los titulares, las descalificaciones públicas, el desprestigio profesional y el insulto» son, dice, cada vez más frecuentes.
Agustín Fernández estima que quizás se haya podido cometer alguna irregularidad que jueces o fiscales consideren punible, pero cree que eso no justifica el acoso, linchamiento y desprestigio que sufre el gobierno de Ourense.
«Cuando nos referimos al gobierno municipal parece que todo se mira bajo el prisma del delito y de la corrupción»