Las declaraciones por la querella de acoso inmobiliario a cargos de la Xunta sufren otro parón
OURENSE
La administración, titular del edificio donde tiene dos inquilinos, repone el servicio de ascensor después de diez meses
29 nov 2018 . Actualizado a las 10:45 h.Las declaraciones por la querella del fiscal contra dos cargos de la Xunta, a quienes atribuye un delito de acoso inmobiliario de los que son víctimas las dos personas que en alquiler ocupan dos viviendas de titularidad pública, sufrieron ayer un nuevo aplazamiento. Faltó a la cita, sin justificación ni aviso, el abogado de uno de los querellados, por lo que el juez decisión suspender la declaración de la mujer.
Estaba citada la principal perjudicada, una mujer de avanzada edad que reside en un cuarto piso y en verano sufrió una caída, por lo que lleva residiendo en un hotel desde agosto. Entre finales de enero y julio sorteaba con dificultad la incomodidad de subir y bajar a pie, pero desde entonces le resulta imposible.
La mujer acudió al edificio judicial, con la dificultad de caminar con dos muletas. Faltó el letrado del subdirector xeral de Patrimonio, Pablo Moure. Acudió al edificio judicial de Ourense el director del gabinete jurídico de la Xunta, para asistir a la secretaria xeral técnica de la Consellería de Facenda, Socorro Martín.
La declaración de Lucila Vázquez se ha fijado para el mes de diciembre. El fiscal, en su querella y a la hora de proponerla, pedía que se la citara con urgencia, dada su avanzada edad y delicado estado de salud, con el fin de que su testimonio quedara como prueba preconstituida para que, llegado el momento del juicio, no tuviera necesidad de asistir si la instrucción de la causa se prolonga y se agrava su salud.
La anterior declaración, de los dos cargos de la Xunta citados en calidad de querellados, se suspendió días pasados al haber coincidido con una jornada de huelga de los jueces.
Se produce este incidente procesal, casualmente, el mismo día en el que se restableció el ascensor del inmueble, suspendido hace diez meses. La mujer vive en un hotel desde verano, por su dificultad para moverse. La querella del fiscal presentaba la supresión del ascensor como el elemento definitivo del acoso y presión a la que la Xunta sometía a los dos inquilinos para presionarlos y que abandonaran el edificio, que la administración pretende dedicar a usos administrativos.
La supresión del ascensor penalizó durante los primeros meses a la nonagenaria que reside en el cuarto piso, que se veía obligada a limitar sus entradas y salidas de casa, de tal manera que procuraba hacerlo solo una vez al día.