Un juez ordena investigar si la Diputación de Ourense cometió prevaricación al comprar bancos y marquesinas en el 2011
OURENSE
El magistrado ordena al organismo provincial la devolución de 193.000 euros por el suministro de mobiliario urbano que no pagó y observa que pudo haber un procedimiento ilícito en dicha adquisición
14 ene 2021 . Actualizado a las 19:23 h.Un juzgado ordena que se investigue si la Diputación de Ourense incurrió en un presunto delito de prevaricación al adquirir mobiliario urbano -marquesinas y bancos- en el año 2011, cuando la institución provincial estaba gobernada por José Luis Baltar Pumar, padre del actual presidente del organismo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense ha condenado a la Diputación provincial ourensana a pagar 193.093 euros a un particular que le suministró bancos y marquesinas en el año 2011. El organismo reconoció haber recibido dicho mobiliario pero justificó el no haberlo pagado en que no había sido presupuestado previamente. El juez estima el recurso del particular para evitar «un enriquecimiento injusto por parte de la Diputación, que sí recibió el material pero no pagó su precio.
Pero además de ordenar este pago, el juez ordena en su sentencia que se envíen las actuaciones practicadas en este caso al Ministerio Fiscal, para que se investigue «si procede el ejercicio de la acción penal por la posible comisión de un delito de prevaricación cometido por el/los responsables del encargo de los suministros de bancos y marquesinas, sin perjuicio de otros en los que hubiesen podido incurrir».
En su resolución, el magistrado considera que el particular recurrente benefició «de una forma grosera de unos suministros encargados a dedo, sin presupuesto, contrato o formalidad alguna», sino que también se saltó la normativa en materia de contratación pública «impidiendo que otras empresas pudiesen presentar sus propuestas».
El juez indica que ni siquiera se recurrió al mecanismo de acudir «a sucesivos contratos inferiores al mínimo legal para esquivar, en fraude de ley, la aplicación de la normativa contractual, sino que no se hizo contrato alguno, pese a que los suministros encargados han supuesto para el erario público cientos de miles de euros». Por ello, el magistrado concluye que hay que deducir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si hay delito de prevaricación y no está prescrito.
Contra la sentencia cabe recurso de apelación. Los servicios jurídicos de la Diputación estudiarán el fallo, indicó un portavoz del organismo, a la vez que manifiesta su respeto por las resoluciones judiciales.
En el año 2015, el expresidente de la Diputación, José Luis Baltar fue condenado en firme por la Audiencia Provincial de Ourense a nueve años de inhabilitación para cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa por la contratación irregular de 104 personas.