La oposición ourensana sale en tromba a pedir la dimisión de Jácome tras su condena: «É un acosador»
OURENSE
El alcalde de Ourense dice que recurrirá y teme que haya más denuncias de trabajadores municipales: «Se abre la veda»
07 jun 2024 . Actualizado a las 17:43 h.La sentencia que condena al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por acosar laboralmente al interventor municipal se conoció en la víspera del pleno mensual del Ayuntamiento. En él, todos los grupos de la oposición salieron en tromba a pedir su dimisión. Mientras, Jácome recordó que la resolución aún no es firme y confirmó que la recurrirá.
Noelia Pérez, coordinadora del grupo popular, pronosticó que esta condena «no va a ser la última, por desgracia» porque hay otros trabajadores «acosados y hostigados por no ceder a sus presiones y chantajes». Se preguntó quién va a pagar los 30.000 euros de indemnización al interventor, una cuestión por la que también se interesaron PSOE y BNG. Jácome insistió en que va a presentar recurso y no quiso responder sobre «futuribles».
El regidor, sin embargo, sí contestó al pronóstico de la concejala popular. «Se abre la veda. Cualquiera que haya recibido críticas en público del alcalde tiene luz verde para denunciar por acoso y ganar, que parece que es lo que dice ella». Jácome añadió que el acoso «es el típico tema de hostigamiento en privado, de como quieres fastidiar a un trabajador de forma ilegal». Y, según dijo, «aquí estamos hablando de críticas en público. ¿No querían ustedes transparencia?».
«Agora o pequeno ditador é acosador a maiores», subrayó la portavoz del PSOE, Natalia González. Luis Seara, del BNG, destacó que ahora es un juzgado el que dice que «é un acosador». Lo «desexable» sería, según dijo, que Jácome «non estivera presidindo o pleno», algo con lo que coincidió la socialista en una intervención posterior. A lo largo del pleno aludió en varias ocasiones a una posible moción de censura, aunque sin nombrarla. Pese a las reticencias expresadas por el Bloque en los últimos días, dijo no tener «ningunha dúbida» del compromiso de esa formación. Más escéptica se mostró Noelia Pérez, del PP, que se preguntó «cal é o prezo dos catro votos do BNG para solucionar o problema». Seara achacó esas alusiones a una «campaña de intoxicación mediática e política» y recordó que en el 2020, cuando los nacionalistas propusieron una moción de censura, el PP no asistió a la reunión.
Otra sentencia anula una plaza «a dedo» y la Fiscalía sugiere irregularidades en su sueldo
En los últimos días han coincidido tres resoluciones judiciales sobre la gestión del gobierno municipal. Además de la condena por acosar al interventor municipal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado una plaza «a dedo» creada por el ejecutivo que lidera Gonzalo Pérez Jácome y la Fiscalía ha archivado una denuncia por prevaricación y malversación, aunque sí ve indicios de irregularidades administrativas.
Con respecto al primero de los casos, se trata del puesto de jefe de administración del Consello Municipal de Deportes. El gobierno de Jácome cambió el sistema de provisión de la plaza para que fuese de libre designación y el sindicato CSIF presentó un recurso contencioso-administrativo. El Concello de Ourense presentó un recurso, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo ha desestimado. Concluye que esa jefatura debería cubrirse mediante un concurso ordinario y que el gobierno municipal no justificó adecuadamente la libre designación: «No se ha acreditado ni la especial relevancia de esas funciones ni la especial dificultad de estas».
Por otra parte, media hora antes de conocerse la sentencia sobre el acoso al interventor, el Concello informó del archivo de las diligencias penales abiertas por la Fiscalía tras una denuncia que acusaba al alcalde de prevaricación y malversación por compatibilizar su sueldo público con los ingresos de sus actividades privadas. El gobierno se negó a facilitar ese documento, pero La Voz ha tenido acceso a él. Efectivamente, el fiscal no me motivos suficientes para perseguir penalmente a Jácome, pero sí ve indicios de irregularidades administrativas, por lo que ha remitido el caso al Tribunal de Cuentas.
Finalmente, este viernes se dio a conocer otra resolución, en este caso de un Juzgado contencioso-administrativo que da dos meses al Concello para ejecutar una sentencia previa y anular todos los acuerdos en materia de personal adoptados en el año 2020, lo que pone en peligro puestos clave como el del city manager.