Los comerciantes y la Xunta critican la «arroutada» del alcalde ourensano
02 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado que «nos próximos días» el Ayuntamiento notificará por escrito a la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos Número Uno la obligación de dejar su actual ubicación en el parque de la Alameda. Se mudaron allí provisionalmente en el año 2018 con motivo de las obras de rehabilitación del edificio histórico, pero la reforma ya ha concluido y «o Concello de Ourense non dilatará máis o traslado», según advierte un comunicado. Ese anuncio ha sido recibido con malestar por parte de los placeros y de la Xunta, que durante los últimos meses estuvo mediando para tratar de alcanzar un acuerdo entre ambas partes.
Precisamente, Jácome señala al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, el ourensano José González, y a su equipo. «Nos enredaron con negociacións a tres bandas que só pretendían complicar e dilatar o traslado», aseguró el alcalde, que añadió que ya tenía tomada esta decisión desde hace tiempo, pero que no la ejecutó en atención a la solicitud de la Xunta. Sin embargo, esas negociaciones, «resultaron un engano e só serviron para perder un ano de tempo, dado que ao final a outra parte non cedeu nin un centímetro», dice el regidor.
Así las cosas, Jácome avanza que dará «uns meses» a los comerciantes para hacer la mudanza al edificio de la Plaza de Abastos Número Uno y dejar libre la Alameda. Y advierte de que el Concello de Ourense no se hará responsable de los gastos que implique el traslado. «Ademais, o reloxo da concesión volverá a contar cando se reinstalen no edificio, xa que actualmente está parado, e volverán estar obrigados a pagar alugueiro mensual», dice Jácome, que culpa de esas condiciones «tan vantaxosas» a su predecesor, el popular Jesús Vázquez.
Reacciones
El actual alcalde termina diciendo que los placeros no quieren volver a su ubicación original por tres motivos: «Porque non pagan alugueiro, porque a data de caducidade da concesión está parada e porque comercialmente venden máis ao estar nun parque do centro, a pé de beirarrúa e parada de autobús e con ascensor de entrada e saída de aparcamento». Emilio González, presidente de la asociación de comerciantes, subraya que precisamente una de sus principales reivindicaciones para regresar al edificio histórico era mejoras de accesibilidad tanto para peatones como para vehículos.
«Me puedes decir que ha quedado bonito, pero es imposible ir a trabajar para allí porque no están las conexiones eléctricas, ni los desagües, no está hecho absolutamente nada», explica González, que da por hecho que esta «arroutada» de Jácome acabará en los juzgados. «A este hombre parece que nunca nadie le plantó cara y que a todo el mundo le tuerce el brazo, pero nosotros no estamos por la labor cuando nos jugamos el pan de cada día. Vamos a estudiarlo. Si quiere guerra la tendrá», dice el presidente de los placeros en respuesta al alcalde. Emilio González asegura que los comerciantes están dispuestos a aportar parte de la financiación necesaria para acondicionar los nuevos puestos y agradece la colaboración de la Xunta.
Precisamente, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración reiteró ayer su compromiso con la reapertura de la Plaza de Abastos de Ourense y arremetió contra lo que califican como «a enésima saída de ton do alcalde». El comunicado del regidor «volve retratar a este goberno municipal: a realidade é que está a antepoñer os enfrontamentos persoais ante os intereses colectivos». El departamento dirigido por José González remarca que este se ofreció a incrementar la aportación de la Xunta, minorando la del Concello, por lo que dice no entender esta nueva ruptura. «Jácome non foi capaz en máis de cinco anos de acordar un plan funcional cos seus propios concesionarios, perdeu unha subvención estatal polos seus propios retrasos na execución da reforma e aceptou cambios que alteraron substancialmente o proxecto orixinal e ao longo de toda a negociación coa Xunta só achegou obstáculos», dice el gobierno gallego.