Condenan a dos años de cárcel a un vendedor de coches de Ourense que ofrecía pisos en el paseo marítimo de Mallorca a precio de ganga

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE

El acusado, durante el juicio en Ourense
El acusado, durante el juicio en Ourense M. FERNÁNDEZ

Los magistrados de la Audiencia Provincial ven al acusado culpale de un delito de estafa y le obligan a devolver 100.000 euros a los denunciantes

09 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Es evidente que la prueba practicada ha puesto de manifiesto que el acusado, desde el momento inicial, tenía la intención de no asumir la contraprestación a la que se le obligó, faltando a la verdad reiteradamente para mantener a las víctimas en un engaño». Con ese argumento condena el tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense a Antonio G. F., que hace unas semanas fue juzgado por estafa. Los togados ven probados los hechos y le imponen al investigado, propietario de un concesionario de coches en San Cibrao, una pena de dos años de prisión, obligándolo a indemnizar con 100.000 euros al matrimonio denunciante.

Los magistrados basan la condena en las declaraciones de los perjudicados, vecinos de Mallorca, que conocieron al estafador en el año 2022, cuando contactaron con él para comprar dos furgonetas. Pactaron el negocio y los denunciantes hicieron la transferencia, pero al ver que los vehículos no llegaban contactaron con el vendedor y este, alegando problemas diversos, aceptó devolverles el dinero. Meses después volvió a contactarlos para decirles que ya tenía los vehículos y ellos volvieron a transferir el dinero, pero tampoco en aquella ocasión el acusado tenía intención de formalizar el negocio. «No tenía las furgonetas en su poder», constatan los togados, que afean al sospechoso que hubiera tratado de vender algo de lo que carecía. Eso sí, con sus excusas logró mantener la relación de confianza de las víctimas, a las que durante los meses posteriores llegó a ofrecer más propiedades sobre las que él tampoco tenía ningún derecho.

Un yate, un piso en Formentera o una vivienda en el paseo marítimo de Mallorca que los denunciantes podrían adquirir por 50.000 euros ya que procedía de una subasta judicial fueron otros ganchos a los que recurrió el estafador para conseguir que las víctimas llegaran a entregarle 100.000 euros. «La confianza que la relación personal entre los implicados fue creando provocó el error de los denunciantes», argumentan los magistrados, tras haber escuchado en el juicio que el sospechoso llamaba casi a diario a la pareja y les contaba cosas de su vida personal, llegando en alguna ocasión a decirles que no les podía devolver el dinero porque su hija tenía cáncer y necesitaba tratamientos. «Yo creí que estaba tratando con un empresario y entiendo que todos tenemos problemas», dijo la víctima en la vista.

En relación a los argumentos de la defensa, creen que no se ha acreditado que los denunciantes actuaran por su propio interés. Admiten que algunas de las ofertas pudieron ser «fantasiosas», pero creen que «las reticencias de la pareja eran salvadas mediante la remisión de fotografías y vídeos y, con la excusa de ser bienes embargados». Así las cosas, lo ven responsable de un engaño que se prolongó en el tiempo y que el propio acusado admitió, al asegurar que con sus mentiras pretendía «ganar tiempo». La resolución no es firme y contra ella cabe presentar recurso ante el TSXG.