El alcalde reactiva la orden de traslado sin esperar a la resolución del litigio abierto para decidir quién debe asumir los costes
13 nov 2025 . Actualizado a las 18:09 h.El gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome y los comerciantes están inmersos en un litigio para dirimir quién debe pagar su traslado de regreso al edificio histórico de la Plaza de Abastos Número Uno. Sin esperar a que ese proceso se resuelva, el alcalde ha decidido seguir adelante con el desahucio con el que había amenazado a los placeros si no volvían al inmueble. El regidor ourensano quiere que dejen la ubicación provisional de la Alameda en un plazo de treinta a sesenta días.
El pasado mes de abril, Jácome firmó un decreto en el que daba tres meses a los comerciantes para presentar el proyecto de adaptación interior del edificio. Estos presentaron un recurso contencioso-administrativo y solicitaron como medida cautelar la suspensión del citado decreto. El juzgado denegó esa solicitud al entender que los placeros sí debían presentar el proyecto, pero aún no ha resuelto sobre el fondo del asunto, que pretende aclarar quién debe pagar las obras, o ellos o el Ayuntamiento.
Cabe recordar, a este respecto, que la reforma de la Plaza de Abastos —que costó cerca de cinco millones— dejó el edificio totalmente renovado, pero vacío por dentro, es decir, sin la distribución de los puestos de venta. Los placeros calculan que hacen falta dos millones más para poder ejecutar esos trabajos y para corregir las carencias que acumula la rehabilitación, según denuncian, como por ejemplo con el circuito de carga y descarga. Jácome defiende que son los comerciantes quienes deben sufragar todos esos gastos.
En un comunicado difundido este jueves, el alcalde explica que el ultimátum concedido en su día para que presentasen el proyecto de adaptación del inmueble se ha consumido. «O prazo rematou e os praceiros non presentaron o proxecto. Isto ratifica as nosas sospeitas de que o único que buscan é unha dilación no tempo: non facer nada e seguir na Alameda», dice el regidor ourensano, que ha dado orden a los servicios jurídicos municipales para continuar con la tramitación del expediente iniciado el pasado mes de abril y recurrido en el juzgado. En cualquier caso, Jácome ya avanza que «todo indica que se incumpriu o convenio e que iso dá lugar a unha resolución do contrato e ao desafiuzamento da Alameda». En tal caso, añade, el Concello de Ourense convocaría un concurso público para seleccionar a los nuevos gestores de la Plaza de Abastos. Jácome calcula que el plazo para ejecutar el desahucio se situaría entre los treinta y los sesenta días.
«A pretensión dos comerciantes é estar toda a vida na Alameda», proclama el comunicado difundido por el Ayuntamiento, que desecha las propuestas de la Xunta de Galicia para resolver el problema. Según asegura, el conselleiro de Comercio ofreció la ayuda económica del gobierno autonómico para financiar la mayor parte de los gastos, «pero a cambio de estender o tempo do contrato dos praceiros pola cara». Jácome dice que esa solución es «de dubidosa legalidade» y subraya que los comerciantes ya tuvieron siete años de prórroga tras el convenio firmado en el 2018. «É unha manobra para ter unha nova concesión sen licitar», sentenció el alcalde.
Como consecuencia del anuncio hecho este jueves por el regidor, el PSOE tramitó la solicitud formal de una reunión urgente de la junta de portavoces del Ayuntamiento. Los socialistas exigen transparencia: «A loita por quen gaña o relato ou a guerra da verdade é unha irresponsabilidade».
Xunta, Diputación y comerciantes se ofrecen a financiar íntegramente los costes
Tras el comunicado difundido por el Concello de Ourense para informar de los trámites de desahucio de los placeros, la Xunta convocó una reunión de urgencia con ellos y con la Diputación de Ourense. Tras ella, los representantes de esas tres partes comparecieron en rueda de prensa para mostrar su malestar por el anuncio del alcalde y para volver a ofrecer su «man tendida» para resolver el problema. El conselleiro de Comercio, el ourensano José González, subrayó que sigue sobre la mesa la oferta de la Xunta de poner 1,4 millones de euros (1,2 millones ya están presupuestados para el 2026 y se compromete a aportar otros 200.000 euros en el 2027). Rosendo Fernández, presidente del Inorde, dijo que la Diputación tiene reservados otros 200.000 euros y Emilio González, presidente de la asociación de comerciantes, explicó que ellos aportarían 400.000 euros.
De ese modo, quedarían cubiertos los dos millones necesarios para completar el traslado de los placeros y el Concello no tendría que aportar «nin un céntimo», destacó el conselleiro, que se preguntó: «Que alcalde de calquera cidade, que ten un edificio de titularidade municipal e que lle ofrecen entre os concesionarios e outras Administracións financiar o 100 % das obras necesarias, renuncia a esta oferta?». Además, González defendió que, si los comerciantes aportan 400.000 euros, es «de sentido común» que se amplíe el período de la concesión. Por otra parte, los placeros ya han advertido que volverán de nuevo al juzgado para recurrir el desahucio si este se sustancia. Además, subrayan que ya han encargado el proyecto del traslado.