Tensión en Valdeorras por el desahucio de dos pizarreras con 250 empleados por un conflicto sobre la propiedad de los terrenos
CARBALLEDA DE VALDEORRAS
La Guardia Civil ejecutó una orden judicial derivada de un conflicto enquistado desde el año 2014. La presión del personal evitó el cierre de la planta de producción, que seguirá operativa por el momento
22 sep 2023 . Actualizado a las 21:30 h.Martes de tensión en los montes comunales que ocupan las pizarreras Samaca e Irosa en Carballeda de Valdeorras, en la provincia de Ourense. La Guardia Civil acudió a primera hora para dar cumplimiento al mandato judicial de desahuciar a unos 250 trabajadores de ambas empresas por un viejo conflicto que tiene que ver con los terrenos sobre los que se asientan estas industrias. Pese a la presencia de agentes, un amplio número de trabajadores optó por concentrarse delante de la planta y no abandonar las instalaciones y lograron frenar parcialmente la orden de desalojo.
Según pudo confirmar La Voz, se precintaron las instalaciones de la distribuidora Samaca y las oficinas. No se llegó a cerrar por la presión de los empleados en la zona baja, donde se encuentra el área de producción de Irosa. «Vaise seguir traballando na producción, pero non se vai poder dar saída ao material xa listo para a venda», explicaron fuentes sindicales. A última hora de este martes, la presencia de la Guardia Civil se limitaba a la custodia de las instalaciones cerradas.
Se han vivido momentos de mucha tensión en un conflicto judicializado entre el dueño de ambas empresas, Rogelio López, y los nueve comuneros de los montes vecinales de Portela y Trigal. El origen del enfrentamiento está en la cantidad que debería abonar la pizarrera por ocupar esos terrenos. Los comuneros denunciaron que no se paga cantidad alguna desde el año 2015 y la falta de acuerdo desembocó en un proceso de expropiación forzosa autorizado por la Xunta que se ejecutó a principios de febrero de este año. El importe abonado por las pizarreras fue de 107.600 euros, pero los comuneros se negaron a aceptar esa cantidad y siguieron con la batalla judicial. Ahora, han visto como la Guardia Civil ha dado cumplimiento a una sentencia del juzgado de O Barco de Valdeorras.
El dueño de Irosa y Samaca, Rogelio López, explicaba: «Nos quieren echar, porque hay una jueza que solo quiere hacer cumplir una sentencia a pesar de que los terrenos están inscritos en el Registro de la Propiedad a nuestro nombre y a pesar de que hay una expropiación». Sobre el impacto que esta decisión tendrá sobre ambas industrias, Rogelio López era contundente: «Esto si se prolonga significa cerrar las empresas y dejar a casi 300 personas en la calle. Es un desastre para las plantillas y para otros 400 proveedores que viven de esta actividad». El dueño de Irosa y Samaca no alberga grandes esperanzas de llegar a un acuerdo con los comuneros: «Siempre que lo hemos intentando no lo hemos conseguido, porque tengo muy claro que tienen otra finalidad, que es echarnos».
El conflicto que deja en el aire unos 250 empleos de un sector capital para la comarca de Valdeorras como es la pizarra es seguido con preocupación también desde el ámbito político. Según confirmaba esta mañana a La Voz la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, a lo largo del día de hoy está previsto que los regidores de la comarca emitan un comunicado para mostrar su postura, que siempre ha estado del lado del mantenimiento del empleo.
Apoyo de los nueve alcaldes de la comarca
Los nueve alcaldes de Valdeorras muestran su apoyo a los trabajadores afectados por la decisión judicial de proceder al desahucio de los terrenos en los que se encuentra una de las empresas más relevantes del sector de la pizarra. «Está en xogo o sustento de numerosas familias da zona.Tras unha decisión aparentemente normalizada que poñía fin á posible expropiación dos terreos, ningún erro burocrático, humano ou técnico pode ser escusa para por en perigo o futuro da comarca», lamentaron los regidores. El documento está firmado por los alcaldes de A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Larouco, O Barco, O Bolo, Petín, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.
El Centro de Deportes Barco expresó, en un comunicado, «su total apoyo a los empleados de las empresas Samaca e Irosa por la problemática social generada». El club deportivo se hace partícipe de que «está en juego la economía de muchas familias y el futuro de muchos socios, amigos, conocidos y padres de nuestros jugadores de base».
El Clúster da Pizarra de Galicia se posicionó para lamentar los perjuicios que el desahucio ejecutado esta mañana en los terrenos de una empresa del sector ocasionará a los trabajadores. Desde el organismo, no obstante, el más absoluto respeto a cualquier decisión judicial. En una línea similar se pronunció la Asociación de Empresarios de Valdeorras (AEVA), que alerta de que se trata de «un sector fundamental para el tejido empresarial y el conjunto de la sociedad de nuestra comarca».
Los contratos de arrendamiento
Las empresas pizarreras llevan más de cuatro décadas instaladas en los montes de Carballeda de Valdeorras, la mayoría en terrenos comunales con contratos que se han ido renovando sin conflicto. No así en el caso de Irosa y Samaca, que se negaron a llegar a un acuerdo como otras tres firmas que abonan alrededor de 190.000 euros anuales para renovar los contratos en el año 2014. Ante la falta de acuerdo, los dueños de los terrenos llevaron el caso al juzgado para acabar con lo que, consideran, una okupación. Las sentencias les dieron la razón y marcaron el 1 de marzo para el desalojo. Ante ese escenario, las pizarreras buscaron un acuerdo con la Xunta para acelerar una expropiación forzosa, que se ejecutó en febrero del 2023, pero que no acabó con el conflicto que ahora ha desembocado en el desalojo. «Las resoluciones judiciales tienen que cumplirse», avanzaba hace ya unos meses José Antonio Iglesias, abogado de la comunidad de montes. Y así ha sido.