Valdeorras se moviliza hoy para salvar las pizarreras desahuciadas
CARBALLEDA DE VALDEORRAS
Urgen a la Xunta que medie en las negociaciones entre los dueños de Samaca e Irosa y la comunidad de montes
22 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.A la espera de una solución que desbloquee el conflicto que ha acabado con el desahucio de dos pizarreras en la comarca de Valdeorras, este viernes está convocada una manifestación para exigir una solución que garantice los 250 empleos de Irosa y Samaca, en Carballeda de Valdeorras.
El conflicto llegó este jueves al Parlamento de Galicia, donde el PSOE reclamó a la Xunta que se «poña o traxe de traballo» para proteger los empleos en el aire del sector de la pizarra. Hay que recordar, que la administración autonómica ejecutó una expropiación forzosa de los terrenos que, sin embargo, no ha servido para frenar el mandato judicial que ha acabado con el desahucio de las dos pizarreras. «O primordial é que se produza unha mediación desde o goberno galego par que se protexan os postos de traballo dunha das empresas con máis contratación da comarca de Valdeorras», explicó la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta. En su intervención, la socialista destacó que este sector es vital para la economía ourensana al contar con 2.400 puestos de trabajo directos y una estimación de cuatro indirectos por cada empleo directo.
Por su parte, el grupo popular abogó por una pronta solución al problema de las empresas de la pizarra de Carballeda de Valdeorras Irosa y Samaca para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Los populares apelaron al máximo respeto a las sentencias judiciales y mostraron su confianza en que las negociaciones entre los propietarios y la comunidad de montes que posee los terrenos sean positivas. «Sumámonos ao clamor de toda unha comarca que xa se expresou a través dos seus alcaldes, a Deputación de Ourense, o Clúster da Pizarra de Galicia e todo tipo de colectivos e asociacións», señalaron.
El sector de la pizarra facturó durante el primer semestre de este año más de 200 millones de euros, lo que supuso un incremento del 8,6 % con respecto al mismo período del año anterior.
El desahucio fallido de Irosa y Samaca es el momento culminante de un conflicto que arrancó en el 2014, cuando los dueños de la comunidad de montes y de la pizarrera no llegaron a un acuerdo sobre el precio que debían de pagar por ocupar los terrenos. Esto derivó en que no se abonó el alquiler desde entonces y en pleitos.