Los dueños de la Casa Soto de O Carballiño llevan al juez la anulación de la compra
O CARBALLIÑO
El pleno aprobó en julio dejar sin efecto el acuerdo de venta por 1,7 millones firmado por el PP poco antes de las elecciones
08 oct 2015 . Actualizado a las 10:46 h.Los propietarios de la conocida como Casa Soto de O Carballiño han llevado al juzgado el acuerdo de anulación de la compra del edificio por parte del Concello, aprobado por el pleno el pasado 29 de julio. Quieren que un juez obligue al gobierno local a llevar hasta el final el primer acuerdo tomado, el de adquisición del inmueble, por 1,7 millones de euros. Con apenas dos meses de diferencia, dos gobiernos locales aprobaron dos acuerdos en sentido opuesto. Ahora le tocará a un juez decidir el futuro de la transacción inmobiliaria.
Los dueños del edificio donde estaba la desaparecida ferretería Soto presentaron un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo tomado por el pleno en julio. Aquel día el nuevo gobierno municipal que lidera el socialista Francisco Fumega, contó con el apoyo de BNG y Alternativa veciñal do Carballiño para dejar sin efecto el que el 6 de mayo el PP (que entonces gobernaba con mayoría absoluta) había aprobado en solitario en pleno. Ya durante la campaña electoral los tres grupos avanzaron su intención de rescindir el acuerdo en caso de llegar al poder. Y así sucedió.
La decisión de anular el expediente de compra se aprobó y no se supo más de la situación hasta que ha trascendido que los dueños decidieron judicializar el tema al verse afectados. Y el juzgado de O Carballiño ha dado trámite el recurso contencioso-administrativo, fijando la vista oral para el próximo 9 de marzo. Será entonces cuando se vean en sede judicial los dueños del edificio y el alcalde.
El precio, en punto polémico
El acuerdo de compra de la ferretería Soto fue anunciado por el entonces alcalde, Argimiro Marnotes, en un plan conjunto para hacerse también con la fábrica de papel. El precio acordado con los propietarios era de 1,7 millones de euros, cifra que los demás grupos políticos consideraron inflada sobre el valor real de mercado del edificio. Además, los grupos de izquierdas defendieron que había necesidades más prioritarias para atender en estos momentos.