Uno de los presuntos enchufados de O Carballiño: «As probas de selección foron nun taller»

En la tercera sesión del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal 2 de la capital ourensana contra Pachi Vázquez, ex líder de los socialistas gallegos, y otros cuatro acusados que ostentaron responsabilidades en el Concello de O Carballiño, al igual que el propio Vázquez, comenzaron a «desfilar» por la sala de vistas los trabajadores que, presuntamente, habrían entrado a trabajar enchufados, y no por haber demostrado sus méritos o capacidad para el puesto. Y a pesar de que la secretaria municipal hizo en 2014 una certificación en la que acreditaba que no constaban los expedientes de esas contrataciones, sustentando así la acusación por parte de las Fiscalía de un delito continuado de prevaricación, los nueve trabajadores que declararon este miércoles en la sala de vistas aseguraron que pasaron por procesos de selección en los que había otros candidatos, enterándose de las ofertas de empleo en unos casos por el tablón de anuncios de la casa consistorial, en otros porque los llamaron del Inem, y en otros porque leyeron un anuncio en la prensa.

Este fue el caso de Bernardino P. G., hoy en día ya jubilado. A preguntas de la fiscala dijo no recordar en qué fecha empezó a trabajar para el ayuntamiento, si bien aseguró que «entereime pola prensa de que había unha praza de mecánico». Explicó que posteriormente «fixéronme as probas de selección nun taller», tras lo cual lo contrataron, comenzando entonces a enganchar contratos temporales que después de unos años devinieron en uno indefinido, hasta que se jubiló. Eso sí, no pudo este testigo explicar qué personas estaban durante la entrevista de selección, un detalle que tampoco pudo aclarar ninguno de los otros siete trabajadores citados, pese a que a todos se les preguntó sobre ese extremo. Algunos explicaron que las entrevistas de selección de las habían hecho en una oficina, otros acudieron al salón de plenos «a enseñar os diplomas» y otros fueron a «cubrir unhas preguntas». Peones de albañiles, personal de emergencias, trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio e incluso un agente de policía local, que entró como auxiliar y luego aprobó la oposición, aseguraron haber competido frente a otros candidatos para acceder a sus trabajos, negando tener relación alguna con los alcaldes cuestionados, Pachi Vázquez y su sucesor Carlos Montes, o alguno de los tres exediles también acusados, Elisa Domínguez, José Antonio Barge y Alfonso Prado. «Nunca tiven relación co alcalde nin coñecía a ninguén» quiso aclarar una de las testigos sin tan siquiera haber sido preguntada por ello.

De autónomo a indefinido

Entre los trabajadores cuyas contrataciones se cuestionan figura el de un hombre vinculado al patronato de deportes desde 1989. Entonces él y su mujer eran autónomos y se presentaron a un concurso para gestionar el pabellón municipal, que ganaron. Pero más tarde su vinculación laboral con el ayuntamiento cambió. «Chamáronme e avisáronme de que ía saír unha plaza, para que estivera atento», explicó Víctor B. V., que de nuevo aseguró que se publicó el anuncio y se presentaron al puesto otros interesados. Pero el empleo fue finalmente para él, esto era ya el año 2004, y tres años después se convirtió en trabajador indefinido. Su mujer también acabó trabajando para el Concello, si bien ella misma tendrá la ocasión de explicar si fue o no por méritos propios, ya que ha sido también citada a declarar. Habrían sido un total de sesenta los contratos que, según la acusación, se hicieron sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen la entrada de empleados en las administraciones públicas.

Aportaron una visión muy alejada de las teorías de la acusación dos empleados municipales que declararon durante las dos primeras horas de esta sesión del juicio. Uno de ellos explicó que una parte importante de las contrataciones del personal temporal en el Concello de O Carballiño se hacían aprovechando subvenciones de entidades públicas, en la mayor parte de los casos la Xunta. «En esas ofertas del gobierno gallego ya figuraban las condiciones para las contrataciones», explicó el testigo, asegurando que en algunos casos no se especificaba que fuese necesario hacer un anuncio público de la oferta, sino que se tramitaba a través del servicio público de empleo, desde donde se enviaba una selección de candidatos para el puesto. «Se buscaba contratar a desempleados», dijo, negando que hubiese visto injerencia alguna por parte de alguno de os acusados a la hora de hacer la elección de los trabajadores.

Tanto este testigo como otro trabajador del departamento de personal explicaron que la secretaria participaba activamente en los procesos de selección, algo que el día anterior ella misma había negado, y que los expedientes de las contrataciones se guardaban en carpetas, si bien la falta de espacio para almacenarlas convirtió el archivo en un «caos» y mucha documentación se trasladó a una nave de A Uceira. «Que no aparecieron expedientes no significa que no existieran», afirmó.

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