La Fiscalía no ve indicios de delito en la actuación de la Xunta durante el incendio de febrero que quemó 292 hectáreas en el Xurés
OURENSE CIUDAD
Considera que no se sustenta la acusación de imprudencia grave que achacaba a la Administración autonómica el colectivo ecologista Arco Iris
08 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Fiscalía de Ourense ha decidido archivar las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Ecologista Arco Iris contra la Xunta por el incendio forestal el 6 de febrero de este año que acabó afectando a 292,46 hectáreas de monte raso en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. El colectivo denunciante sostenía que el fuego que se inició en la zona de As Gralleiras, en el municipio de Muíños, se había extendido por imprudencia grave de los servicios de la Consellería de Medio Ambiente y Medio Rural tanto en las labores de prevención como las de extinción. La asociación argumentaba la mala gestión como razón de ese avance de las llamas, aludiendo al hecho de que se hubieran destinado servicios de extinción a Portugal o que se habría complicado la extinción por la existencia de obstáculos en las vías de servicio por donde debían acceder los medios necesarios para sofocar el fuego.
Sin embargo, tras practicar las diligencias previas para aclarar los hechos denunciados, la fiscal delegada de MedioAmbiente considera que «no se aprecia ningún tipo de conducta imprudente por parte de los medios de extinción de incendios forestales de la Consellería de Medio Rural». De hecho tampoco ve «mala praxis». Se apoya la fiscalía en los informes que concretan la investigación de los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Ourense en los que se pone de manifiesto que «la denuncia se redacta sin la más mínima corroboración de la veracidad de los hechos, ya que se basan en unos tuits que, posteriormente fueron borrados». Sobre los obstáculos para el acceso a la zona, se admite que «es cierto que existen cadenas» para garantizar la protección de la zona de reserva integral del parque ya que, según se explica «existen especies cinegéticas de gran valor a efectos de trofeos de caza». Esas cadenas pretenden evitar el furtivismo impidiendo el acceso sin control de vehículos y personas en ese espacio de especial protección pero, según aclara el escrito de la fiscalía los servicios de extinción tienen las llaves de los candados. En concreto, según citan, las tienen en la sede del distrito forestal XV en Bande, en los vehículos de las brigadas y también los agentes medioambientales de la consellería que trabajan en el parque natural y si hay incendios son alertados para facilitar el acceso a los medios de extinción. El informe explica que los incendios en la zona suelen complicarse por varios factores que se repiten en la mayoría de los incidentes: que se originan a última hora de la tarde lo que impide la actuación de medios de extinción aéreos y la propia dificultad orográfica del terreno. En cuanto al envío de medios a Portugal (fue un incendio que afectó a los dos lados de la frontera) la fiscalía recuerda la existencia del Protocolo de Asistencia Mutua en Operaciones de Protección y Socorro, al que ambos países están acogidos.
La asociación Arco Iris considera que el seguimiento que realizaron por medio de redes sociales «permitió llegar a la conclusión de que la colocación de cadenas en los accesos a las pistas forestales de la zona afectada había impedido que las brigadas de extinción pudieran realizar su trabajo» y opinan que no habría necesidad de tales barreras físicas si se instalase un sistema eficaz de cámaras de vigilancia. Sobre la desaparición de los tuits que les sirvieron de alerta sobre lo que estaba ocurriendo, apuntan que «es una duda razonable sospechar de que la retirada de los mensajes de Twitter por parte de miembros de la BRIF fue forzada por Medio Rural para evitar asumir responsabilidades» y opinan que la argumentación de la Fiscalía «en ningún caso hace mención a si las cadenas dificultaron la extinción del incendio».