La presencia de la compañía como codemandada obliga a esperar al fallo del TSXG La judicialización del caso se vuelve contra el Concello que planteó un contencioso
26 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?l pleito planteado por el decreto de supramunicipalidad del proyecto industrial de Ence en Lourizán -que incluía la frustrada papelera de tisú-, aprobado por el anterior Gobierno de la Xunta en diciembre del 2003, podría convertirse en un bumerán contra su promotor, el Concello de Pontevedra. El concejal de Urbanismo, César Mosquera, acariciaba la pasada primavera la idea de que el citado decreto podría ser papel mojado antes de que llegara un verano, que ya está en su paso del Ecuador. Las aspiraciones del gobierno pontevedrés, que consideraba que la decisión que adoptó el Gobierno de Fraga se inmiscuía en la autonomía municipal, se basaban en el compromiso del propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, quien hace casi un año se comprometió con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, en estudiar la revocación del decreto. Tal y como solicitó en el Parlamento de Galicia el diputado nacionalista Bieto Lobeira a finales de agosto pasado a través de una proposición no de ley. Sin embargo, fuentes sindicales atribuyen tanto retraso a la imposibilidad de que el asunto se resuelva por la vía administrativa. El propio alcalde, ya apuntó en su día, que quizás la solución vendría por vía judicial. El problema estriba en que a pesar de que la Xunta y el Concello de Pontevedra están ahora de acuerdo en este tema, la presencia de Ence en el pleito como codemandada obliga técnicamente a esperar al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), cuya sala de lo Contencioso Administrativo ya se pronunció de forma parcial hace ahora justo dos años para permitir a Ence seguir construyendo su nueva planta depuradora, ya en funcionamiento. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que la sentencia «debe estar a punto de caer». Pero mientras esto no ocurra, el avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el principal documento urbanístico de la ciudad, seguirá paralizado, de acuerdo con las tesis del edil César Mosquera. El pasado mes de abril, el responsable municipal de Urbanismo aseguraba que uno de los motivos fundamentales del retraso, entonces de un año, que acumulaba la tramitación del PXOM era la calificación de los terrenos que ocupa el complejo industrial de Lourizán.