Mantener los bosques de la provincia de Pontevedra intactos podría reportar unos beneficios de 33,4 millones de euros al año en el caso de participasen en el mercado internacional de derechos de CO2.
Las 278.436 hectáreas de superficie arbolada son capaces de absorber anualmente unos 16,7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Los cálculos, se realizan en base a las estimaciones de la asociación forestal de la provincia de León (Asfole), que establece una fijación de carbono por hectárea de entre 3 y 15 toneladas de anhídrido carbónico cada 12 meses.
La tonelada de CO2 se paga en el mercado de emisiones a una media de 20 euros, que multiplicado por los 16,7 millones de toneladas anuales de fijación de carbono alcanza la cifra de 33,4 millones de euros.
El negocio de la venta de dióxido de carbono surge a partir del protocolo de Kioto. El acuerdo internacional establece una cuota de contaminación y un mercado en el que cada país paga por las emisiones de dióxido de carbono que haya realizado por encima de las asignadas. A la factura se le descuenta la masa forestal del territorio, en función de su capacidad de absorción de gases de efecto invernadero.
Los países que no llegan a cubrir su cuota o que cuentan con una masa arbolada capaz de absorber más cantidad de dióxido de carbono que el que emite, vende sus derechos de emisión en el mercado internacional. La venta de CO2 se negocia ya en numerosas bolsas europeas, como la de Londres.
Negociación por países
La venta de cuota de emisiones se realiza, por el momento, entre países, por lo que los sumideros de CO2 de Pontevedra están enmarcados dentro del cómputo español. En el caso de que los propietarios de montes de la provincia pudieran negociar de manera independiente, tanto en el mercado internacional como nacional, con su potencia de absorción de dióxido de carbono, los beneficios para estos serían cuantiosos.
Hacer partícipes a los productores forestales de este negocio sería, además, un aliciente para mantener las masas forestales, que se caracterizan por su bajo rendimiento económico. Óscar Cisneros, de la Junta de Castilla León, director del grupo nacional de trabajo sobre sumideros de CO2 en el que participa la Escuela de Forestales, aboga por dar una parte de los beneficios del mercado de emisiones a los propietarios de los montes.
Es precisamente en la Comunidad de Castilla y León donde los gestores de masas forestales han comenzado a reclamar unos ingresos por la función que realizan las superficies arboladas. «Con el protocolo de Kioto se ha abierto un mercado del CO2 por el que las empresas que contaminan tienen que pagar, y, sin embargo, los agentes que limpian el aire están al margen de este comercio», afirma Ángel Atienza, de Asfole.
La idea de un bosque como un sumidero de carbono consiste en concebir los árboles como un almacén de dióxido de carbono. A Través de la fotosíntesis separa desintegra la molécula de CO2, separando el oxígeno del carbono. El carbono queda atrapado en su tronco y sus raíces hasta que se quema, momento en que el carbono se libera de nuevo a la atmósfera en forma de anhídrido carbónico. Se considera que la combustión de la biomasa tiene un coste de emisiones cero, puesto que libera al aire el mismo CO2 que absorbió con anterioridad. Esta es otra ventaja de la energía de biomasa: su combustión queda fuera de las cuotas de emisiones del protocolo de Kioto.