Miembros de UGT y representantes de los trabajadores afectados por la huelga de basura dejaron ayer claro que las protestas se reactivarán, probablemente, el 10 de octubre.
Después de concertar varios encuentros informativos con cada Concello implicado y de realizar las consultas necesarias con los trabajadores afectados, la huelga volverá a las calles de Vilaboa, Soutomaior y Ponte Caldelas a la espera de una solución al conflicto, que no parece estar próxima.
Tras explicar que la mesa de negociación fue rota el pasado día 27 por Urbaser, Ernesto Fontanes, secretario general de la federación de servicios de UGT, sostuvo que «todo foi unha estratexia para chegar ao xuízo sen unha solución, podendo alegar os erros rexistrados na convocatoria de folga».
Los trabajadores dicen sentirse ahora más fuertes y aseguran que «tanto o punto económico como o de reintegrar aos despedidos serán inamovibles nas negociacións. A folga durará dúas semanas, un mes ou o tempo que faga falta para que a empresa quera razonar con nós».
Servicios mínimos
Los representantes sindicales informaron que ya han interpuesto una impugnación a los servicios mínimos que estableció el Concello de Ponte Caldelas en los primeros días de la protesta. Consideran que, con las medidas tomadas, no se respetó el derecho a la huelga de los trabajadores.
Según Fontanes, «non imos permitir que as accións que ocurriron os primeiros días de protestas se repitan nesta segunda fase da folga, xa que son totalmente contrarias as nosas intencións de reivindicación».
Desde su postura, los afectados se hicieron eco del papel que tuvieron los trabajadores que recogieron las basuras en el inicio del conflicto. «Non había lixo e a nosa folga non tiña visibilidade para os cidadáns», indicó uno de los trabajadores. «Nesta nova fase, imos usar todas as ferramentas legais que estén na nosa man para evitar que recollan o lixo como o fixeron», añadió.
Exigir más
Y es que los servicios mínimos que el Concello de Ponte Caldelas estableció en un 30%, se consideraron ayer como un «boicot» a la huelga. Por esto, los empleados creen que el Ayuntamiento debe exigir más soluciones a Urbaser, y de no ser así, establecer las sanciones necesarias para una empresa que «non está facendo nada por lograr unha resolución do conflicto», apuntó Fontanes.
Con esto, solo queda esperar una salida que pasa por el acuerdo entre las partes, ya que además, tal y como aseguró uno de los afectados, «a empresa non quere que a folga prospere para que outros traballadores nas mismas condicións no a tomen como exemplo noutras partes de España».