El inmueble tendrá que tener un mínimo de 360 plazas de aparcamiento
14 dic 2011 . Actualizado a las 12:44 h.La cuenta atrás para la expropiación de los terrenos sobre los que se levantará el nuevo edificio judicial ya ha empezado. Desde ayer, el Concello de Pontevedra dispone del proyecto de la tasación conjunta de las expropiación de las dieciséis parcelas afectadas.
Miguel Anxo Fernández Lores destacó ayer que, en el plazo de entre diez y quince días, la junta de gobierno local aprobará este documento, para, acto seguido, ponerlo a exposición pública. Una vez se conteste a las alegaciones y se apruebe el proyecto definitivamente, las previsiones del alcalde pontevedrés son las de que los terrenos puedan ser puestos a disposición de la Xunta entre marzo y abril.
Dejó claro que la propia normativa permite la ocupación de los terrenos pese a que no exista un acuerdo con los propietarios y mientras no resuelva la cuestión el jurado de expropiaciones.
«Temos os deberes feitos», destacó el regidor municipal. En este sentido, precisó que ya se han consignado las cantidades en que se estima sumen las expropiaciones -cerca de 1,5 millones de euros-, así como se ha hecho lo propio con el PERI -Plan Especial de Reforma Interior- y, en unos días, se hará con el proyecto de expropiación.
En cuanto al papel que debe jugar ahora la Administración autonómica, Fernández Lores señaló que se está pendiente de contratar la redacción del proyecto de obra. A este respecto, el alcalde espera que se diseñe el edificio «coas necesidades que teñen», así como que «os arquitectos que van redactar o proxecto se poñan en contacto cos técnicos municipais para que se adapte á normativa que está aprobada no PERI de tal xeito que a licenza sexa un documento simplemente de trámite».
Sobre el nuevo edificio, que tiene un coste estimado de 15 millones, el regidor municipal destacó que tendrá «un mínimo de 360 plazas de aparcamento». Además, «se prevé a posibilidade de conexión dos dous edificios dos xulgados tanto a nivel subterráneo como a nivel de altura, sempre que manteña unha altura libre na rúa Tomas y Valiente de 5 metros para que sexa operativa».
Lores le trasladó todas estas cuestiones al decano de los jueces de Pontevedra. Ignacio de Frías Conde reconoció ver la situación «con cierto optimismo, pero vigilantes porque vivimos malos tiempos y, en cualquier momento, se puede torcer algo».
En todo caso, reiteró la necesidad de conectar ambos inmuebles para que funcionen como una unidad. En la actualidad, los juzgados están distribuidos entre tres sedes, algo que está generando ciertos problemas entre los usuarios «porque provoca desplazamientos y es una pérdida de tiempo y como tal, también económica».