Políticos pontevedreses sufrieron estas protestas desde finales de los años 90
07 abr 2013 . Actualizado a las 12:49 h.«Si no hay justicia, hay escrache». El término que hoy está en boca de todos comenzó a escucharse como forma de protesta en Argentina, en 1995, cuando la asociación HIJOS acuñó ese lema y empezó a señalar con su ruidosa presencia los domicilios de los represores de la dictadura que habían sido indultados por Carlos Ménem.
Poco más tarde de aquellos sucesos y mucho antes de que la plataforma contra los desahucios haya conseguido rebautizar el término escrache, en Pontevedra se vivieron numerosas situaciones en las que la protesta llegó más allá de la sala de plenos de los ayuntamientos.
El 28 de febrero de 1997 la vida política y personal de Enrique Fernández y Antonio Crespo Canosa, entonces alcalde y concejal respectivamente del Concello de Vilaboa, dio un giro y no precisamente para bien. Ese día, la corporación que dirigía el regidor popular dio su aprobación a los planes de la Xunta para endosar a este municipio una empacadora de basuras que sustituyese a la polémica planta que antes había soliviantado a los vecinos de Guixar, en Vigo. Los ánimos y la crispación se encendieron de tal modo que durante meses ambos políticos fueron el blanco de la ira de los opositores al proyecto, y que se tradujo en basura arrojada ante sus casas, lanzamiento de huevos o, en el caso de Crespo, que sigue viviendo en su domicilio de entonces en Figueirido, pintadas en el panteón familiar, daños en el muro de su vivienda o incluso una agresión.
No fueron los únicos casos de este tipo de protesta. Aunque en menor medida, los han sufrido el alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, el de Poio, Luciano Sobral, o el exedil de Caldas Plácido Carballo, como ejemplos más destacados.
Hoy, ni Crespo ni Fernández quieren hablar de lo sucedido «hace ya mucho tiempo», si bien hay quien dice que en privado fueron varios los vecinos que les pidieron perdón. Desde un primer momento, la plataforma antiempacadora se desvinculó de estas acciones, y uno de sus portavoces, hoy concejal del PSOE en Vilaboa, José Luis Madrazo, insiste en que el colectivo «no hizo escrache». Otra cosa, dice, es que en las manifestaciones había 3.000 personas «y no se podía controlar a todos; no sé quién lo hizo, pero no tenía que ver con la plataforma».
Un conflicto coetáneo del de la empacadora fue el de la oposición al embalse del Umia. Los concejales del PP de Caldas vieron cómo en un pleno les arrojaban monedas por no rechazar la instalación de la presa en este concello y a su portavoz, Plácido Carballo, le arrojaron huevos a la fachada de su vivienda. Él no estaba, pero su mujer contempló la escena. Hoy, Carballo prefiere no hablar del tema.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en el año 2002, tampoco estaba en casa cuando un grupo de vecinos del casco histórico le llevó la movida a las puertas de su domicilio. Aquella protesta nocturna convocada por la asociación San Bartolomé-Centro que tenía por objeto que Lores comprobase en carne propia los ruidos que soportaban entonces los vecinos los fines de semana estuvo a punto de suspenderse por el escaso respaldo. Solo acudieron once personas, que se llevaron un transistor y pusieron Radiolé de fondo ante las viviendas de Lores y César Mosquera.
En Poio, a Luciano Sobral, la contestación a los realojos de familias gitanas de O Vao en Monte Porreiro le pasó factura. Necesitó escolta de la Guardia Civil para salir del pleno en que se aprobó la medida y su coche apareció rayado y con las ruedas pinchadas. «Foi sen dúbida o momento máis duro da miña carreira política», dice el regidor.
Sobral: «Os veciños de Caritel disculpáronse,
os de Monte Porreiro, non»
«Queda resentimiento de aquellos tiempos», dicen en Vilaboa