Critica que la norma da más competencias a las diputaciones que a los concellos y que habrá más recorte social
30 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El equipo de gobierno del Concello de Pontevedra aludió ayer al anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que el pasado viernes fue aprobado por el Consejo de Ministros. El portavoz del gobierno local y concejal de Facenda, Raimundo González (BNG), afirmó que a pesar de haberse introducido algunos cambios, como el que hace referencia al coste efectivo de los servicios y no al estándar, «todo continúa exactamente igual respecto ás cuestións de fondo».
El edil reiteró lo dicho en su día: que se trata de una ley que busca una recentralización administrativa y que otorga más competencias a las diputaciones en detrimento de los ayuntamientos. Unos órganos provinciales que «non son elixidos directamente polos cidadáns», una especie de «democracia orgánica como no franquismo», dijo González Carballo.
No obstante, desde el gobierno municipal se puso el acento en el negro horizonte que le espera a los servicios de corte social si entra en vigor la reforma local tal y como está planteada. El concejal cuestionó que se vayan a ahorrar más de 8.000 millones de euros en España con esta reorganización, a no ser -remachó- que se dejen de prestar servicios. «Se as comunidades autónomas asumen máis competencias, pero non reciben financiación, non se van prestar os servizos. Non hai aforro posible», apuntó. Expuso que servicios de corte social como la atención a la dependencia, las escuelas taller o los comedores escolares se van a ver afectados. «E ao final, sufrirán as consecuencias os cidadáns», subrayó.
La tesis es que todas aquellas competencias impropias que ejercen hoy los concellos no se van a prestar en el futuro. «Ogallá nos equivoquemos, pero a única maneira de aforrar é non gastar, e todo parece indicar que é a lei quen faculta para suprimir eses servizos», indicó Raimundo González, que volvió a exponer que allí donde haya margen el Concello optará por la insumisión.
«Todo parece indicar que é a lei quen faculta para suprimir eses servizos»
Raimundo González