La ordenación del tráfico en el puente pone a prueba al gobierno de coalición. Mientras, Tino Fernández asume la papeleta de revalorizar al PSOE local tras unos años convulsos
11 dic 2013 . Actualizado a las 20:29 h.El sector BNG del gobierno municipal busca atajos para mantener algún tipo de restricción de tráfico en el puente de A Barca frente a la presión política, vecinal e incluso institucional que reclama que se restituya el tráfico de doble sentido, es decir, tal y como estuvo hasta el 22 de octubre. Ni Lores, como alcalde y cabeza visible, ni Mosquera, ideólogo de estas políticas de movilidad en el Concello, quieren rendirse. Pero se han quedado con muy poco margen de maniobra. Esta vez sí han tropezado con una poderosa coalición en contra.
El PSOE, socio de gobierno, quiere el doble sentido; el PP, junto con vecinos y comerciantes de la calle Echegaray, lo exige; como el Concello de Poio (con alcalde del BNG) y la Xunta de Galicia. Y la opinión pública participa también de la convicción de que será mejor restituir el tráfico como estaba, según se desprende del concluyente resultado que ofrece la encuesta abierta por La Voz en su edición digital. Un 86 % de cuantos han votado rechazan el sentido único en A Barca.
Dado que las competencias en materia de tráfico interurbano se comparten -en el caso del puente y de la carretera PO-308-, la autoridad del tándem Lores/Mosquera se ciñe al ámbito municipal estrictamente. De entrada, se modificó en Echegaray el modelo de aparcamiento en superficie (antes en línea y ahora en batería). Y previsiblemente el paso siguiente sería restringir la circulación rodada por Alameda y Echegaray solo a tráfico de servicio. O sea, carga y descarga, servicios esenciales, además del acceso a residentes y garages. Es decir, una especie de semipeatonalización, como ocurre en Riestra, Michelena y Peregrina.
Si Lores y Mosquera se empeñan en mantener algún tipo de recorte, la oposición seguirá cargando. Entonces, el PP pondrá a prueba al bipartito municipal. Moreira ya avisó de que no tolerará restricciones y que si las hubiere, solicitará un pleno extraordinario. Con 11 concejales, reúne las firmas suficientes para forzar al alcalde a convocarlo. Y al PSOE, a mojarse.
El papel de comparsa que tantas veces ha representado el PSOE en su sociedad con el BNG en los gobiernos de coalición en esta era Lores, constituye uno de los aspectos más erosionantes de las propias posibilidades electorales de los socialistas para constituirse en una alternativa de gobierno creíble para el elector pontevedrés.
Creo que ese es el principal reto que tienen ante sí Tino Fernández y el equipo de colaboradores que gestionan la nueva ejecutiva local de este partido, después de la exigüa victoria que obtuvieron hace una semana. Siendo grave la división interna entre sectores de militantes (o sensibilidades, como prefieren autodenominarse), resulta mucho más demoledor que de puertas afuera, el PSOE pontevedrés sea percibido como una fuerza de acompañamiento; como un secundario y no como el actor principal. Una papeleta muy complicada pero inaplazable. El PSOE, por su propia historia, no puede permitirse terminar convertido en un partido testimonial en un municipio como Pontevedra.
hospital virtual
Plazos elocuentes. La Xunta baraja concluir la reforma de la carretera autonómica PO-542 entre el 2023 y el 2030. Es decir, en un horizonte a 17 años vista. Traducido: ese sería el plazo que quedaría, como mínimo, para que sea visible el nuevo hospital de Pontevedra, un proyecto que cinco años después de su anuncio, se mueve en términos de realidad virtual y selva burocrática.
La elasticidad de los plazos para ejecutar la reforma de este vial que debería dar servicio al futuro macrocentro sanitario, evidencia las escuálidas previsiones presupuestarias con que tiene que torear la Xunta. Agustín Hernández vino el martes a poner en servicio el nuevo vial entre O Pino y Bora. Quedé estupefacto tras un ejercicio matemático. El tramo que se estrenaba tiene 1,3 kilómetros; ha costado 10,5 millones y se han tardado 2 años y 9 meses. Calculen a cuánto ha salido el metro de la que proclaman futura ronda urbana.
O Toxo
¿Política en las aulas?. Me resulta inexplicable que hasta la dirección de un centro docente pueda llegar a someterse a criterios politizados. Como parece ocurrir con la plaza de máximo responsable de la escuela infantil O Toxo. Ya fue un disparate que cambiasen a la anterior directora. Y se protestó. Ahora, solo seis meses después, la Consellería de Benestar pretende relevar a José Antonio García Lores, ante el evidente malestar de los padres, que vuelven a manifestarse.
O alguien está pasando a cuchillo a Cáceres por su gestión en apenas medio año. O es que acaban de caer en la cuenta que era el ex secretario general local del PSOE. Oficialmente, el pretexto es «hacer rotaciones». Lo que traslada la sensación de que no importa el proyecto pedagógico para dirigir una guardería pública? Teóricamente pública, porque hay familias que costean casi 240 euros mensuales. Y el que paga, tiene derecho a exigir.