Tachan de paso hacia la privatización la inscripción telemática de recién nacidos

Con muchas dudas y críticas han recibido algunos sindicatos judiciales la puesta en marcha la comunicación telemática de nacimientos desde los centros hospitalarios. Desde el CSI-F, que si bien no dudan de que beneficia a unos pocos padres, se enmarca esta medida en un paso hacia la privatización del Registro Civil: «Desde julio del 2015 se están sacando total o parcialmente competencias [de estos órganos], como es el trámite de los matrimonios, a favor de los notarios a cambio de un arancel, y de los expedientes de nacionalidad, cuyo trámite ya no será gratuito y que se encomienda a una Dirección General de Registros y del Notariado sin medios suficientes y que ha sido incapaz de asumir la mitad de ese trámite hasta la fecha».

Los delegados sindicales sostienen que esta iniciativa, que entró en vigor este jueves con el Hospital Provincial como uno de los centros piloto de todo el territorio nacional, «nace tocado por la fuerza de los hechos, la falta de diálogo y de información y la ausencia de previsión». Y es que desde esta central sostienen que no se ha formado a los actores que tienen intervenir en estas inscripciones, así como que no se ha desarrollado un reglamento relacionado con la reforma legal que se aprobó el pasado julio y que preveía, entre otros cambios legislativos, que la comunicación de los recién nacidos se realizase directamente desde los centros sanitarios.

Si la intención del Ministerio de Justicia es que los hospitales funcionen a modo de ventanilla única, las voces críticas mantienen que «la mayor parte de los nacimientos deberán ser comunicados de la misma manera que hasta ahora». En su opinión, el problema radica en la cantidad de excepciones que contempla, pero también en la falta de medios informáticos de algunos registros y «la ausencia de información y formación», un conjunto de circunstancias que les lleva a concluir que «solo unos pocos nacimientos se puedan comunicar telemáticamente tal y como anuncia el Gobierno».

A este respecto, la instrucción publicada el miércoles por el Boletín Oficial del Estado prevé una serie de supuestos excluidos. Entre ellos, se alude al supuesto de que uno de los progenitores sea menor de edad o tenga la capacidad modificada judicialmente, cuando se trata de hijos no matrimoniales en el caso de ausencia, fallecimiento o incapacidad de alguno de los padres o de ambos, cuando estos sean extranjeros de distinta nacionalidad, cuando la madre haya renunciado al hijo, cuando se requiera la destrucción previa de la presunción de paternidad o cuando existan problemas de índole técnica. De igual modo, no se podrá realizar esta inscripción siempre que se requiera la realización de un declaración o expediente ante el responsable del Registro Civil.

Desde el CSI-F aducen que también influye negativamente en la aplicación de esta innovación la cortedad de los plazos -setenta y dos horas- para comunicar el nacimiento. En este sentido, la norma establece que, salvo muy contadas excepciones, el formulario de inscripción «deberá ser firmado necesariamente por ambos progenitores a los efectos de reconocer la paternidad en el caso de no existir vínculo matrimonial, o por ambos cónyuges cuando no se aporte el documento acreditativo de la existencia del vínculo matrimonial».

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