La exsecretaria de la Cámara esquiva la prisión al carecer de antecedentes
PONTEVEDRA
Lorenzo Pontevedra y el representante brasileño confesaron ayer un delito de cohecho
14 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La ausencia de antecedentes penales ha evitado que María del Rosario Lorenzo Pontevedra, la que fuera secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra, y Juan José María Lago, representante de la entidad en Brasil, tengan que pisar la cárcel. Ante la jueza del Penal número tres de Pontevedra, ambos rubricaron ayer el acuerdo al que han llegado con la Fiscalía y que implica la confesión de un cohecho vinculado a los pagos mensuales que Juan José María percibía por sus servicios en el país sudamericano.
La actual responsable de la oficina pontevedresa creada tras la fusión de los órganos ubicados en la capital provincial, Vigo y Vilagarcía aceptó ayer un año de prisión, una multa de 1.080 euros, y dieciocho meses de inhabilitación especial para el cargo de secretaria de la Cámara. Igualmente, y ya por un segundo cargo de negociaciones prohibidas a funcionarios, asumió seis meses de suspensión y una sanción de 540 euros.
Por su parte, Juan José María Lago, quien solo respondió por el primero de estos delitos, fue condenado a dos años de prisión y una multa de 2.160 euros, así como le prohibieron disfrutar de subvenciones o ayudas públicas, así como de beneficios de la Seguridad Social durante cinco años.
Ninguno de los dos irá a prisión. Dado que carecen de antecedentes, se accedió a suspender las penas privativas de libertad a condición de que no cometan un delito en los próximos dos años, en el caso de Lorenzo Pontevedra, tres en el supuesto de su compañero de banquillo.
Además, se estableció el decomiso de los 22.800 euros que la exsecretaria consignó antes de la celebración del juicio y que posibilitaron que se le aplicara una atenuante cualificada de reparación del daño. «Una de las condiciones era consignar el dinero que se había llevado. En la Fiscalía de delitos económicos eso siempre es innegociable», destacó el fiscal Augusto Santaló.
De igual modo, calificó de «innegociable» lo referido a la inhabilitación de Lorenzo Pontevedra. A este respecto, y con respecto a su nuevo cargo en la oficina de Pontevedra, el fiscal precisó que la suspensión alude al puesto que estaba ejerciendo en el momento de producirse el delito. No obstante, matizó que si ahora desempeña «otra función absolutamente ajena» a la propia de una secretaria general, no le afectará la citada inhabilitación. Por el contrario, si lleva a cabo «funciones muy emparentadas o relacionadas, habrá que estudiarlo. No se trata de cambiarle exclusivamente el nombre [del cargo], se trata de la función».
Tras conocer la resolución, el presidente de la Cámara Provincial, José García Costas, remarcó que «el máximo órgano de gobierno es el pleno, por lo que no seré yo el que tome ningún tipo de decisión». En todo caso, remarcó que, aunque «Charo Lorenzo es actualmente responsable de una oficina cameral (...), no ocupa ningún cargo con responsabilidad pública en la nueva Cámara».
De cualquier modo, está previsto que el pleno de finales de junio aborde esta situación «y si fuera necesario o así se decide, se tomará o no algún tipo de medida», concluyó García Costas.
Los otros frentes abiertos: la gestión de las ferias y las supuestas amenazas a extrabajadores
El de ayer no fue, ni mucho menos, el único frente judicial que tiene abierto la Cámara de Comercio de Pontevedra. El nombre de María del Rosario Lorenzo Pontevedra ha aparecido vinculado con, al menos, otras dos investigaciones de la Fiscalía.
Así, tanto la exsecretaria de la entidad como el que fuera presidente de la misma, Antonio Gómez Rivera, llegaron a declarar como imputados en el marco de unas diligencias informativas por un supuesto delito contra la Administración de Justicia, amenazas y coacciones. La causa tuvo su origen en la denuncia interpuesta por cinco exempleados, quienes consideraron una represalia sus despidos por haber denunciado la existencia de presuntas irregularidades en el seno del organismo.
La otra causa penal está vinculada con la gestión de las ferias y deriva de un demoledor informe del Consello Consultivo en el que se reflejan posibles irregularidades en la facturación que, ya no solo «cuestionan la veracidad del gasto efectivamente realizado», sino que «afectan al cumplimiento de la normativa de subvenciones» en algunos de los eventos organizados por la entidad. Las disfunciones más patentes se apreciaron en los salones Ferpalia y Pomóvil, en los que se habría infringido, sin conocimiento de las Administraciones colaboradoras, el tope legal que establece que «el porcentaje subvencionable no podrá exceder, con carácter general, del 50 % del coste de la actividad».
Tal circunstancia ha derivado en una causa por supuesta malversación que salpicaría a, entre otros, la propia Rosario Pontevedra.