A pesar de la primera derrota sufrida en un juzgado de Pontevedra , la concesionaria de la autopista AP9 se rearma y vuelve a apretar clavijas al Gobierno de la nación
01 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Tras el entusiasmo inicial que nos produjo -supongo que a una gran mayoría- que Audasa fuese condenada por la sentencia del juez Marquina, la cruda realidad se termina imponiendo de modo inflexible.
Veamos: la derrota infligida a la concesionaria es moralmente satisfactoria para la ciudadanía que ve como una empresa tan prepotente, hinca la rodilla. Por eso sobre todo resulta muy mediática. Lo que produce escozor a Audasa, a pesar de que tiene pelaje duro, es que ciertamente el fallo del magistrado Manuel Marquina establece jurisprudencia. Se trata del primer caso en España de condena a una concesionaria de una autopista a la que sentó en el banquillo una demanda de la Fiscalía por prácticas abusivas.
Hasta ahí, bien. Pero... en términos económicos la condena resulta pírrica. Apenas un rasguño para semejante máquina de hacer cuartos. Sí finalmente tuviera que devolver lo cobrado ilegalmente, la cuantía de 270.000 euros en devoluciones es apenas un 0,3% de los 90 millones de euros que la Fiscalía de Pontevedra exigía a Audasa por los tres años y medio de duración y molestias de las obras de ampliación de Rande. Esos noventa kilos sí que le habrían herido a Audasa donde más le duele: en el bolsillo.
La mitad de cada día
No olvidemos que esta empresa ingresa diariamente 400.000 euros por peajes de la AP-9. De modo que sí finalmente nos tuviera que devolver el dinero injustamente cobrado, sería poco más que la mitad de lo que gana un día cualquiera. A costa nuestra.
Recordemos que la sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de esta capital, estableció que solo se pudieron probar documentalmente 81 incidencias durante los 40 meses de obras. Es decir, se minimizó la repercusión que la acusación establecía en 77 millones de tránsitos afectados durante 42 meses. En este punto conviene recordar que el juez Marquina no aceptó otros testigos de cargo que se proponían por la Fiscalía y las acusaciones particulares. De modo que entre los testimonios escuchados en sala que incriminaban a Audasa, los más rotundos procedieron de agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Buenos pero insuficientes.
Hay que presumir -como ya escribí hace dos semanas- que nos aguarda una lluvia de recursos. Está cantado el de Audasa a la que no veo conformándose con aceptar el rasguño económico de esta condena en Pontevedra, sino que más bien pretenderá resarcirse moral y mediáticamente buscando una victoria de sus tesis en una instancia judicial superior. Para la concesionaria de la AP9 es un riesgo asumible y además le permite alargar el pleito y demorar el pago de las devoluciones si la condena se hace firme.
No descartaría que la Abogacía del Estado vuelva a ir del ganchete con Audasa, por los intereses creados que ya motivaron el penoso y chirriante papelón que hizo en el juicio celebrado en A Parda.
Y hasta que la Fiscalía y las acusaciones particulares (En Colectivo y Adicae) apelen también buscando una condena de mayor cuantía económica. Todos tienen de margen hasta el próximo 26 de marzo.
Audasa saca colmillo
Mientras la nómina de abogados de la concesionaria estudia el recurso para hincarle el diente a la sentencia de Pontevedra, la empresa ha vuelto a las andadas. De nuevo con la actitud prepotente con que se muestra habitualmente, amenaza con nuevas subidas de precios. Una advertencia que no solo proyecta hacia la sociedad que cada vez en mayor medida vuelve a reclamar el cese de la concesión y el rescate de la misma. Sino también hacia el Estado que le prolongó el negocio hasta 2048 y al que vuelve a exigir nuevos incrementos de peajes para amortizar los costes de explotación y mantenimiento que debería asumir con los excepcionales beneficios que obtiene. Piensen en cuantos tramos de la AP9 tienen alumbrado nocturno; o en cuantas cabinas tienen cobradores y en cuantas han automatizado. Recortes que reflejan una actitud cicatera.
Pues bien, esta semana Audasa amenaza al Ministerio con que deberá incrementar tarifas para hacer frente a las obras de mejora en los túneles que se exigen por normativa de seguridad, que la concesionaria presupuesta en 28 millones de euros. De nuevo, la cantinela habitual: Audasa adelanta el dinero para pagar esas obras pero se lo cobrará -con intereses, por supuesto- con nuevos incrementos de peajes. Un negocio redondo, bendecido desde hace décadas por los nefastos convenios suscritos por los ministros y ministras del ramo, del PP y del PSOE, que han sucumbido sucesivamente al chantaje de la concesionaria. Audasa pone el dinero para ampliar Rande y la circunvalación de Santiago, evita al Ministerio la inversión de fondos públicos pero se lo cobra después en ampliación de la concesión y en incrementos anuales que alcanzan precios desorbitados. Y para colmo cada vez que un Gobierno sacó pecho con que ha rebajado o suprimido un peaje como los de Rande y Barcala, o la bonificación del viaje de vuelta en el tramo Pontevedra-Vigo, lo terminamos pagando todos los usuarios durante un montón de años.
Quédense con este dato: Audasa acaba de comunicar a sus accionistas que se reembolsará a costa de las subidas de peajes durante los próximos años, más de 300 millones de euros. Qué por supuesto vamos a pagar ustedes y yo.