Pese a las dudas sobre la efectividad, esta limitación de la movilidad en las ciudades gallegas es la etapa anterior a que nos vuelvan a confinar
01 nov 2020 . Actualizado a las 12:15 h.Esta limitación de la movilidad que la Xunta nos ha impuesto en la ciudad de Pontevedra y en los municipios aledaños de Poio y Marín, hay que entenderla como la penúltima bala que le queda al Gobierno gallego en el tambor del arma de las soluciones.
Esta limitación de movimientos de entrada y salida desde las siete grandes ciudades y concellos acólitos para evitar una diáspora hacia el rural y en unas fechas tan especiales para la idiosincrasia gallega, solo se explica entendiéndola como un corta fuegos contra la profusión de más contagios comunitarios que el trasiego de miles de ciudadanos podrían causar.
¡Ojalá se consiga poner un torniquete a la hemorragia de positivos que suma cada día nuestra comunidad! Pero cuesta creer que cuatro días de restricción de la movilidad de más de un millón de gallegos vaya a surtir soluciones mágicas. Y menos aún sin la necesaria complicidad muchos ciudadanos que no hicieron trato, sino truco.
Cientos o miles que lejos de colaborar, escaparon de sus municipios de residencia principal hacia segundas residencias antes de que empezara la operación jaula del viernes 30, a las tres de la tarde. Me remito a las numerosas fotos y vídeos que circularon esa tarde por redes sociales con imágenes de la gran «espantá» que también protagonizamos en Pontevedra. O de la llegada de numerosos estudiantes que volvieron de sus respectivos campus, pese a que el conselleiro de Sanidad les pidió que no regresaran para evitar la centrifugación de contagios que se atribuye a este sector de la población. Trenes y autobuses venían de Santiago a rebosar.
Las dudas de Lores
Estamos ante la penúltima de las restricciones que nos pueden aplicar sin estrangular la economía y encerrarnos en otra cuarentena. En suma, la penúltima medida antes de llegar a cerrar de nuevo prácticamente todo y obligarnos a quedar en casa confinados como ocurrió en marzo, abril, mayo y parte de junio. Que es el plan B con el que ya trabajan tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas.
Ningún gobierno de las 17 autonomías del Estado quiere llegar a ese último escenario, pero es evidente que desde Feijoo hasta Revilla, pasando por Díaz Ayuso, García-Page, Ximo Puig, Urkullu, Torra o Moreno Bonilla, todos ellos saben que esa es la última solución que les queda.
En esta ocasión he de mostrarme muy de acuerdo con lo dicho por Miguel Anxo Fernández Lores. El alcalde pontevedrés, recordemos médico de profesión, manifestaba el viernes sus serias «dúbidas de que un confinamento perimetral, estilo Madrid, sirva para algo». Y aunque se ha alineado al lado de la Xunta en el respaldo a las medidas, como los demás alcaldes de los concellos afectados, fue lo suficientemente sincero para dejarnos entrever que este es un aperitivo y aún nos falta el plato principal.
«Eu xa teño dúbidas de que o confinamento perimetral de dous días sirva para algo; os expertos din que como mínimo terán que ser dez ou catorce días», se sinceró Lores con mis colegas. Y me temo que va en lo cierto. El martes 3 saldremos de dudas.
Sectores penalizados
Las expectativas no son ni tranquilizadoras ni halagüeñas. Esta limitación de movilidad digamos light para diversos sectores, vuelve a castigar a otros. Es verdad que no ha llegado a suponer el cierre total del comercio, la hostelería, los restaurantes y hoteles, pero acarrea un nuevo meneo que les deja cada vez más tocados. Las floristerías han quedado muy castigadas por los recortes en semejantes fechas como las pastelerías. Recuerden que como el resto vienen arrastrando restricciones de aforo desde hace muchas semanas.
A la hostelería, al ocio nocturno y a los hoteles, se les volatilizó la posible cuota de negocio que hubieran generado las celebraciones de Halloween que ya venían imposibilitadas por el toque de queda y la restricción del número de personas a reunirse. Además, se siguen cayendo del calendario estímulos que no pueden celebrarse por los protocolos anti-covid como el Pontedetapas, aplazado hasta después de Navidades.
Además, se sobrecarga a la hostelería con la prohibición de que personas no convivientes compartan mesa y mantel, incluso al aire libre. Por cierto, endilgándole a este sector una función seudo policial que no les corresponde. De todo esto se quejaban las patronales que, en algún caso como Hoempo, afirman que preparan una movilización de protesta en la ciudad de Pontevedra para canalizar su descontento por tantas medidas de las diferentes administraciones que les vienen penalizando.
Para el comercio de proximidad, el escenario es negro como el sobaco de un grillo. El repunte de ventas que aguardaban por la combinación de factores que suponen el Black Friday, la campaña de Navidad y las rebajas de enero, se les puede desplomar si nos alargamos en un confinamiento perimetral que cercene la afluencia de consumidores de fuera de la conurbación que formamos la capital, Poio y Marín. Y puede ser la ruina de muchos si nos vuelven a confinar en nuestros domicilios como tememos, lo que podría arrastrar la onda expansiva del daño económico y al consumo hasta la Semana Santa. Otro cierre general, aunque traiga ERTES y moratorias, puede suponer el corredor de la muerte para miles de negocios.