El BOE publicó este jueves el anuncio del expediente de declaración de fallecimiento de la pontevedresa, que desapareció el 18 de agosto del 2010
05 mar 2021 . Actualizado a las 11:23 h.Hace diez años y medio, Sonia Iglesias Eirín desapareció sin dejar rastro. Desde entonces todas las pistas e indicios que se han seguido para esclarecer su paradero han terminado convirtiéndose en callejones sin salida. Ni los interrogatorios a quien fuera su pareja y padre de su hijo, hoy fallecido, ni los sondeos con georradar, ni los testigos han conseguido arrojar algo de luz sobre un misterio que, cada día que pasa, se antoja más complicado que se resuelva en algún momento.
Con este trasfondo, y cuando habían transcurrido unos tres meses de la muerte de su padre y única persona que llegó a estar investigada judicialmente en relación con esta desaparición, el hijo de Sonia Iglesias inició los trámites judiciales para que se declarase oficialmente su fallecimiento. De este modo, este mismo jueves, el Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Pontevedra dando cuenta del inicio del expediente judicial.
«Es un trámite más previsto en este tipo de procedimientos de personas ausentes y de las que durante años se ha ignorado su paradero», explicó un abogado pontevedrés. La jurisdicción civil establece una serie de requisitos para declarar el fallecimiento de una persona de la que no se tienen noticias, entre ellos que hubieran transcurrido diez años desde la última vez que algo se supo de ella, una fecha que, en el caso de Sonia Iglesias, se cumplió el pasado 18 de agosto.
Tras precisar que el último domicilio de la pontevedresa se sitúo en Campo da Torre, en las proximidades de la plaza de toros de Pontevedra, desde el juzgado se refiere que esta actuación se hace pública con el objetivo de que todas aquellas persona que puedan tener «noticias de su existencia puedan ponerlas en conocimiento de este juzgado y ser oídos».
Una vez transcurra el plazo convenido, se declarará el fallecimiento de Sonia Iglesias mediante una resolución en la que, entre otras cuestiones, se deberá consignar «la fecha a partir de la cual se entienda sucedida la muerte». El Código Civil, además, establece que será a partir de entonces que «se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente». Eso sí, «los herederos no podrán disponer [de los mismos] a título gratuito hasta cinco años después de la declaración del fallecimiento».
Una década de incógnitas
Aunque la Policía Nacional, con la supervisión del fiscal jefe Juan Carlos Aladro no ha dejado de investigar este caso, lo cierto es que poco más se sabe de lo que trascendió los días posteriores a aquel 18 de agosto del 2010. Así, la reconstrucción de los pasos dados por Sonia Iglesias la sitúa por última vez saliendo de un zapatería de Arzobispo Malvar a donde había acudido a dejar a arreglar un calzado.
A partir de que franqueó la puerta y pisó la calle, su rastro se esfuma. El testimonio prestado por su pareja recoge cómo la pontevedresa se había vuelto a subir al coche para apearse a los pocos minutos para hacer unos recados. Ese día tenía que incorporarse a su puesto de trabajo, pero nunca lo hizo.
Cuando se estaba a punto de cumplir el segundo aniversario de la desaparición, Araújo fue imputado en el marco de una causa por un supuesto delito de detención ilegal, situación en la que permanecería hasta dos años más tarde que se archivó provisionalmente el caso. Fue el primero de los dos sobreseimientos provisionales, ya que en el 2017 se reabrió y ya entrado el 2018 las pesquisas se centraron en una propiedad que la familia Araújo tiene en San Mauro. Julio y su hermano fueron requeridos para declarar en Comisaría. Tiempo después, la causa volvió a archivarse.