El pasado 11 de septiembre mucha gente evocaba lo que sintió hace veinte años. Los funcionarios de prisiones experimentamos en estos estos días sentimientos parecidos a los de entonces: estupor ante unos sucesos increíbles, sensación de irrealidad, la sospecha de que alguien nos ha declarado la guerra y la certeza de que nada volverá a ser como antes. Vivimos con el temor de que en el próximo incidente además de jugarnos el tipo y el sueldo, utilicen nuestra imagen para someternos a escarnio público. «Antes venían ustedes muy alegres, pero ahora todos tienen cara de amargado», nos dijo un preso hace poco.
El primer choque me causó espanto: una banda de encapuchados agredió y amenazó a una subdirectora. Cada día que transcurre sin nuevos datos sobre este asunto aumenta mi desconcierto. En veintiséis años de servicio jamás pensé que un directivo pudiera vivir amedrentado por los trabajadores de a pie, más bien lo contrario. Urge aclarar los hechos y que los culpables reciban su castigo, pero sacar conclusiones apresuradas en estos tiempos no parece muy prudente.
El segundo golpe vino con la difusión de unas imágenes, custodiadas por nuestros mandos, y en las que, según se dijo, los funcionarios propinaban una paliza a un enfermo mental. El vídeo fue recortado a medida, carece de sonido y no aclara lo que sucede antes y después, de modo que cada cual ve lo que quiere. Algunas personas han vertido graves insultos y acusaciones contra nosotros en medios de comunicación. Hasta hemos escuchado lecciones sobre uso de medios coercitivos impartidas por tertulianos que lo mismo descubren el truco para bajar el precio de la luz que saben esposar a un preso violento a base de recitarle poemas.
Los que trabajamos en prisiones nos dimos cuenta, al instante, de la gran mentira. No se trataba de ningún enfermo, sino de un preso clasificado en el grado más estricto por su extrema peligrosidad. Solo hay unas decenas de reclusos con ese perfil en España.
También llovieron los reproches por la falta de pericia de los funcionarios, que, al parecer, deberían haber reducido al agresor en un minuto y no en dos. Si la intervención fuera realizada por un cuerpo de élite (GRS, UIP...) sería, seguro, más eficaz. Igual que si nosotros empleamos quince minutos en la extinción de un incendio, los bomberos lo lograrían en cinco. Resulta que somos funcionarios de la Administración General del Estado, no somos agentes de la autoridad, nuestra formación está orientada a la reinserción social de los presos y las aptitudes físicas que se nos exigen son las mismas que para trabajar en una oficina del Catastro.
El perfil típico en las últimas promociones podría ser el de una mujer joven con estudios universitarios. Después de estos ataques, el edificio que sostiene un sistema penitenciario que fue modélico, corre el riesgo de derrumbarse. A los responsables de Instituciones Penitenciarias se les ha ido la mano con la gestión de este tema. En su estrategia de atacar a un nuevo sindicato (con el que no tengo nada que ver), no solo han manchado el buen nombre de todo el colectivo: han provocado un estado de tensión que puede afectar a la seguridad de las cárceles. Las imágenes que alguien se ha encargado de filtrar y manipular con un objetivo execrable, junto con las noticias sesgadas que se facilitan a los medios, también son recibidas e interpretadas por los internos. Este detalle se le escapó a la cabeza pensante que abrió las compuertas a este río de lodo.
Los actuales responsables de Instituciones Penitenciarias se irán, y cuanto antes mejor, por el bien de todos. Adivinen quienes defenderán la institución cuando los presos peligrosos estén fuera de control.