Rechazan dar asilo a un joven que denunció represalias del Gobierno nicaragüense
PONTEVEDRA
El afectado tramitó la solicitud en la Comisaría de Pontevedra asegurando haber recibido un disparo en las multitudinarias protestas del 2018
18 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.A finales de enero del 2019, un joven nicaragüense formalizó una petición de protección internacional en la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra. Entre otros documentos, adjuntó la denuncia presentado por su tío ante el Centro Nicaragüense de derechos humanos (CENIDH) por la situación de su sobrino.
El afectado sostuvo su demanda en que, el 17 y 18 de abril del 2018, había participado en las protestas por una quema de una reserva Indio Maíz en Managua, a las afueras de la Universidad de UCA. Este incendio fue «la chispa de la resistencia ciudadana que quince días más tarde desencadenó en un estallido social sin precedentes», refería Edith Pineda a través del portal Despacho 505 doce meses más tarde.
Casi coincidiendo en el tiempo, el gobierno de Daniel Ortega anunció una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), por lo que se convocó una marcha denominada Camino de Oriente. La sentencia de la Audiencia Nacional señala que el demandante de protección internacional, «en la manifestación de 20 de abril —convocada porque el día anterior habían agredido a varios ancianos—, resultó herido con munición de plomo de escopeta en el hombro derecho, no acudiendo al hospital porque la policía le esperaba en la puerta para detener a los manifestantes». Esto determinó que tuviese que ser «curado por los estudiantes de enfermería de la misma universidad».
La Wikipedia recoge que «durante las protestas y los actos violentos que las rodearon, así como la actuación de las fuerzas de orden público y grupos incontrolados se produjo la muerte de entre 450 y 535 personas y la desaparición de 1.300 personas, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos».
En el caso del joven nicaragüense, este trasladó en su solicitud de asilo que, «a partir de ese día la policía pasaba por su casa, en la llamada Operación Limpieza de terrorismo, ya que un vecino, que tenía una lista con nombres y direcciones de los que iban a las manifestaciones, se encargaba de informar al Gobierno». Con la intención de escapar a la acción policial, en un primer momento, se trasladó a la casa de una tía, si bien siguió acudiendo a otras manifestaciones, como las que marcharon bajo los lemas de Juntos somos un volcán y Marcha por la libertad de los presos políticos.
Terminaría por buscar refugio en España, donde solicitaría el estatus de protegido. Sin embargo, el Ministerio del Interior, a finales de agosto del 2020, acordó denegarle el derecho de asilo, así como la protección subsidiaria. Esta circunstancia determinaría que el joven acudiese a la Justicia, donde acaban de dar la razón a los argumentos de la Administración española, si bien cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación.
Represión letal e indiscriminada
La Audiencia Nacional admite «que la situación en Nicaragua, desde un punto de vista de respeto de los derechos humanos, es grave y así lo indican los informes elaborados por diversas organizaciones y así lo hemos indicado». Así, se recoge expresamente el informe emitido en el 2018 por Amnistía Internacional y titulado Sembrando el terror. De la letalidad a la persecución en Nicaragua, documento que aborda la sobre la denominada Operación Limpieza, «desarrollada por el Gobierno en los cuatro meses siguientes al 18 de abril de 2018, fecha en la que efectivamente se iniciaron las protestas populares frente a la reforma del sistema de la Seguridad Social».
El documento concluye que el Gobierno de Ortega «mantuvo e intensificó una estrategia represiva deliberadamente letal e indiscriminada, no solo con la intención de desarticular por completo las protestas, sino también para castigar a aquellas personas que participaron en las mismas. Para ello empleó a la policía y fuerzas paramilitares que usaron técnicas de tortura y ataque sistemático e indiscriminado a la población».
Entonces, ¿cómo se explica que no se le de asilo a este joven si tanto Interior como la Audiencia Nacional confirman la represión en Nicaragua? La explicación se encuentra en la recta final de la sentencia: «Lo que tal demandante no ha acreditado es que como consecuencia de su participación en las tales manifestaciones y protestas convocadas, a las que han acudido miles de personas, haya sido identificado de forma personal como opositor al régimen político, ni tampoco que haya sido amenazado o denunciado por los partidarios del régimen político existente, pues sus alegaciones no están sustentadas en prueba alguna, ni siquiera de modo indiciario».