La Justicia ratifica que el contrato de alquiler de los terrenos para la planta de compost sigue vigente

Serxio Barral Álvarez
Serxio Barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

El concejal del BNG Raimundo González Carballo  dio a conocer el fallo judicial este jueves
El concejal del BNG Raimundo González Carballo dio a conocer el fallo judicial este jueves S.B.

Obliga al Concello de Pontevedra a seguir pagando el canon a los comuneros

25 may 2023 . Actualizado a las 19:25 h.

Un juzgado de Pontevedra acaba de condenar al Concello a seguir pagando a la comunidad de montes de A Canicouva 20.000 euros anuales por el alquiler de los terrenos para una futura planta de compost. La sentencia condenatoria fue celebrada por el gobierno local, toda vez que la conclusión de la jueza es que, aunque la planta no se haya construido todavía, el contrato suscrito en el año 2015 está vigente y lo seguirá estando por el tiempo previsto en dicho documento.

¿Y por qué una derrota judicial ha sentado tan bien en el gobierno local? Pues porque comparte las tesis de la jueza de que el contrato sigue en vigor. El fallo supone un auténtico mazazo para el PP local, que lleva años denunciando que se estaba pagando a los comuneros con el contrato vencido, e incluso lo denunció ante Fiscalía. «A sentenza —señaló el concejal de Residuos, Raimundo González Carballo (BNG)— é unha emenda á totalidade á marrullería do PP».

¿Cuál es el origen del asunto?

En diciembre del 2015 Concello y comuneros firmaron el contrato para arrendar 10 hectáreas de monte en A Canicouva a razón de 2.000 euros anuales por hectárea. El documento especificaba que si en cuatro años la planta de compostaje no estaba construida «quedará automáticamente extinguido o contrato».

A día de hoy la planta sigue sin construirse, y basándose en esa cláusula el PP llevó ante la Fiscalía el pago realizado por el Concello a los comuneros correspondiente al año 2020 por la presunta comisión de «delitos de prevaricación administrativa y malversación» al haber pagado una factura cuando los cuatro años se habían cumplido en diciembre del 2019.

La Fiscalía no apreció delito alguno por parte del gobierno local o de los funcionarios que validaron el pago, y archivó la denuncia en junio del 2022 entendiendo que no había existido «dolo ni arbitrariedad». Pero pese al archivo, la propia Fiscalía advertía por escrito al Concello de que las diligencias se reabrirían en caso de continuar los pagos.

La factura del 2021: devuelta y, al juzgado

Cuando la comunidad de montes remitió la factura correspondiente a la anualidad de 2021, esta fue devuelta por los servicios municipales. Ante aquella advertencia por escrito de la Fiscalía, «nadie en el Concello se atrevió a conformar la factura», según argumentó la defensa en el juicio que dio pie a la sentencia conocida este jueves.

Porque ante el impago, los comuneros de A Canicouva acudieron al juzgado. Pedían dos cosas: que se declarase la vigencia del contrato de alquiler de los terrenos y que se abonasen los 20.000 euros de la factura correspondiente al 2021.

Lo que dice la sentencia: el contrato sigue en vigor y hay que seguir pagando

La sentencia recoge que en otra de las cláusulas del contrato se especifica que ambas partes «podrán promover a resolución [del mismo] ante o incumprimento da parte contraria» y que «ninguna de las partes la ejercitó». La jueza constata que la comunidad de montes comunicó por escrito al Concello «que no iba a hacer valer la cláusula resolutoria», y que si bien esta comunicación no fue contestada expresamente por el Concello «lo cierto es que se abonaron íntegramente» las facturas del 2019 y del 2020. Del pago de esta segunda factura de la que la jueza deduce «inequívocamente» la voluntad municipal de que el contrato permaneciera vigente.

Por ello el fallo que recoge la sentencia es contundente: declara la vigencia del contrato «por el tiempo previsto en dicho documento», 30 años prorrogables anualmente 45 más, y condena al Concello a abonar a la comunidad de montes los 20.000 euros del 2021, con intereses.

¿Qué pasará a partir de ahora?

Aunque cabe recurso contra la sentencia, no parece muy probable que el Concello vaya a presentarlo, porque el fallo da la razón a lo que siempre defendió el gobierno local: que el contrato sigue en vigor. Nunca una derrota judicial fue tan dulce.