Investigan a un vecino de Pontevedra como «cliente» del armenio que vendió 321 puntos de carné de conducir

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

GUARDIA CIVIL

El principal sospechoso se publicitaba en webs de internet donde pedía entre 75 y 200 euros por punto del permiso

09 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando los investigadores de la Guardia Civil cruzaron datos no se lo podían llegar a crear. El armenio que estaba siendo investigado en relación con un accidente de tráfico ocurrido a mediados del 2021 en Baleares, no es que careciese de carné de conducir —lo tenía retirado—, sino que le figuraban en el mismo menos 321 puntos.

Tirando del hilo, los integrantes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) llegaron a la conclusión de este hombre, que residía en la localidad valenciana de Mislata, se dedicaba a publicitarse en webs de anuncios ofertando la venta de puntos del permiso de conducción a un precio que se movía entre los 75 y los 200 euros por punto, además, faltaría más, del abono del importe de la sanción por la infracción. Todas las comunicaciones entre el armenio y sus potenciales clientes se realizaban a través de redes sociales.

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Los guardias civiles, en paralelo, imputaron a cerca de un centenar de personas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional por haber accedido a estos servicios fraudulentos. Entre los investigados por un supuesto delito de falsedad documental se encuentra, al menos, un vecino del partido judicial de Pontevedra.

Esta investigación ha sido atribuida, a raíz de que el Supremo resolviese una cuestión de competencia, al Juzgado de Instrucción número dos de la ciudad del Lérez. De este modo, el alto tribunal considera que la acumulación de todos los asuntos derivados de esta investigación en un único órgano judicial podría generar dilaciones innecesarias.

Control de alcoholemia

Pero, ¿cómo surgen las primeras sospechas? Todo fue fruto, en gran medida, de la casualidad. A mediados del 2021, agentes de Tráfico que realizaban un control preventivo de alcoholemia en la localidad mallorquina de Calviá observaron como un motorista hacia caso omiso a sus requerimientos para detener la marcha, «obligando al agente a apartarse bruscamente para evitar ser arrollado». La motocicleta, según pusieron de manifiesto en su día desde la Guardia Civil, continúo la marcha a gran velocidad «cometiendo una sucesión de infracciones graves» en su huida. Los agentes tomaron nota de la matrícula y cursaron varias denuncias a la Jefatura Provincial Tráfico.

La primera sorpresa saltó cuando los guardias civiles examinaron el expediente abierto por la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, ya que se presentaron alegaciones contra la sanción impuesta. En ellas, una persona de nacionalidad armenia asumía toda la responsabilidad de las infracciones, eximiendo de este modo al titular de la motocicleta.

Extrañados, los agentes del GIAT comprobaron que esta persona no disponía de permiso que le habilitara para conducir motocicletas, pero es que, además, tenía una pérdida de vigencia del permiso de conducción emitida por la Jefatura de Tráfico de Valencia. A esto se sumó el hecho de que se pudo comprobar que «el ciudadano armenio no había estado en Mallorca en la fecha en que se cometió la infracción».

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La Guardia Civil abrió entonces unas diligencias por falsedad documental, en las que fue investigado el titular de la motocicleta y un amigo suyo que supuestamente le ayudó a confeccionar el recurso administrativo, añadieron desde el instituto armado.

De sorpresa en sorpresa

Indagaciones posteriores permitieron «obtener un listado que llamó poderosamente la atención a los agentes del GIAT, ya que el ciudadano armenio aparecía como autor de numerosas infracciones graves cometidas, la gran mayoría, en territorio peninsular». Todas ellas tenían en común que conllevaban la pérdida de puntos del carné, de tal modo que, en el momento de notificarles la sanción la DGT, los titulares de las motocicletas identificaban al armenio como conductor en el momento de producirse la infracción. Esto les eximía de toda responsabilidad y evitaba que les detrajesen puntos de su permiso.

La Guardia Civil precisó que el principal sospechoso está siendo investigado por un presunto delito continuado de falsedad documental, así como que «le figuraban en los archivos de la DGT un saldo en negativo de -321 puntos del permiso de conducción».