El juzgado exonera de culpa al conductor del autobús que cayó al río Lérez hace dos años y se extraña de la pericial aportada por la Guardia Civil
16 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Finalmente, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra que tramitó las diligencias del accidente del autobús que se precipitó en Nochebuena de 2022 al Lérez en el puente de Pedre, ha decidido que no cabe imputar responsabilidad penal alguna al chófer. Según el auto judicial que hemos conocido esta semana, el trágico siniestro que causó siete víctimas mortales, se debió a una coalición de circunstancias. Pero en ningún caso, fue achacable a una conducta irresponsable del conductor del vehículo de Monbus, a quien la jueza instructora ha exonerado de una culpabilidad directa del accidente que, recordemos, provocó que el autobús se precipitase al río y murieran la mayoría de los pasajeros que viajaban hasta Pontevedra.
Por tanto, según la comparación que este periodista había realizado en semanas precedentes y en un artículo anterior, Carlos Monzón, el chófer de aquel bus, no va a ser el chivo expiatorio, el maquinista del Alvia, ni Pedre va a ser otro Angrois. Salvo que haya recursos, probablemente sí, y alguno pudiera prosperar en instancias judiciales superiores.
Atestados y cábalas
La decisión de la jueza de Pontevedra hay que subrayarla a la vista del atestado de la Guardia Civil de Tráfico que le endosaba toda la culpa al chófer, a quien acusaba de circular a más de 90 kilómetros por hora al llegar al puente de Pedre en la noche de autos. Un extremo negado tanto por el conductor como por la única pasajera superviviente del siniestro. Probablemente el testimonio de esta mujer haya resultado tan influyente como concluyente para que la jueza resolviese archivar la causa contra Monzón.
La declaración de Rosario González, la única superviviente entre los pasajeros del bus en aquella Nochebuena, ha sido crucial. La testigo, quien dijo que viajaba con el cinturón de seguridad puesto, al igual que el chófer y a diferencia del resto del pasaje, afirmó ante la jueza que Monzón no circulaba con exceso de velocidad, sino que realizaba una conducción precavida dadas las circunstancias de aquel 24 de diciembre. En su declaración en sede judicial, la testigo relató que el tiempo era muy malo, no paraba de llover, que la visibilidad era mínima y que, en el momento del accidente, «el autobús se fue en plancha, una especie de aquaplaning», y que el conductor «perdió el control del vehículo». En cualquier caso, negó que «fuera rápido», y aseguró que Monzón, una vez ocurrido el accidente, «la socorrió y después se movió por el resto del autobús para tratar de buscar a otros supervivientes entre el resto de pasajeros».
Frente al sólido testimonio de la pasajera que sobrevivió a la caída del bus al río Lérez, tanto la Fiscalía como las posibles acusaciones particulares oponían el atestado del equipo especializado de la Guardia Civil de Tráfico que le cargaba el mochuelo solo y exclusivamente al conductor del autobús de línea. El informe pericial atajó concluyendo que «el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida en el tramo del siniestro».
Escurrir el bulto
Cuando la Guardia Civil de Tráfico, la Fiscalía y Delegación del Gobierno insistían desde hace meses y con tanto afán en responsabilizar al conductor, cabía sospechar que existe un interés en desviar la atención. Por eso escribí meses atrás que el conductor del bus sería, como el maquinista del Alvia, el chivo expiatorio al que cargar toda la culpa de las muertes para diluir las responsabilidades de la Administración con respecto al estado y mantenimiento de una carretera nacional, considerada entre las más peligrosas de Galicia.
En esa labor de distracción, los últimos ocupantes del cargo de Delegado del Gobierno en Galicia, han interpretado un papel estelar intentando enmascarar la responsabilidad in vigilando del Ministerio de Transportes. José Miñones, José Ramón Gómez Besteiro y, sobre todo, el actual responsable, Pedro Blanco, quien se ha mostrado especialmente activo. Fue él quien filtró a los medios, en septiembre del año pasado, que la pericial de la Guardia Civil, entregada al juzgado instructor, señalaba como causa fundamental «un exceso de velocidad». Supongo que en un afán de meritocracia que, sin embargo, ha frenado el auto judicial que libera de cualquier posible imputación al chófer y señala la extrañeza de la jueza porque el instituto armado «solo otorgue influencia relevante a un supuesto exceso de velocidad, y no a las precipitaciones torrenciales de aquella noche o al mal estado del firme de la carretera».
En coincidencia con las novedades judiciales también hemos conocido esta misma semana que el frente de alcaldes que reivindica una mejora integral de la seguridad vial en la N-541, identificados bajo el título Pacto de Pedre, acordaron nuevas medidas de presión ante el Gobierno central. En una reunión celebrada en O Carballiño, el grupo de regidores de concellos ourensanos y pontevedreses por los que transita la N-541 acordaron renovar las reclamaciones de medidas urgentes para atajar cualquier nueva espiral de accidentes de tráfico. Y como primer paso, Jorge Cubela y demás regidoras y regidores de los concellos partícipes en el Pacto de Pedre, solicitan una entrevista, precisamente, con Pedro Blanco y los subdelegados provinciales de Ourense y Pontevedra.