Rafa Domínguez habla de que es «un asalto al bolsillo de los ciudadanos»
29 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El asunto se tratará este martes en comisión informativa. Pero el portavoz del PP en el Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez, avanzó este lunes su postura sobre lo que implica para los ayuntamientos la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Entre otras medidas, esta normativa establece que los concellos aplicarán a partir de abril del 2025 una nueva tasa por la gestión de residuos, un sistema que tendrá que cubrir todos los costes y que no podrá ser deficitario. Desde las filas del PP están en contra de esa tasa específica porque consideran, dijo Domínguez, que supone «un ataque a la autonomía municipal y un asalto al bolsillo de los ciudadanos».
El edil rechaza un documento inicial del gobierno local, que plantea que se pague trimestralmente en función de los ingresos. En concreto, el borrador de la adaptación de la ordenanza económica de residuos contempla que «para os negocios e actividades lucrativas unha posíbel solución sería que se actualice de maneira constante mediante a autoliquidación paralela a liquidación de ingresos e IVE que teñan que facer de maneira periódica. Con esta fórmula de pago, pagará en cada trimestre en función dos ingresos que obtivera nese trimestre, en tempo real, sen dilacións temporais».
El portavoz popular llegó a afirmar que no es obligatorio que se tenga que aplicar esa tasa, sino que es el Gobierno central quien obliga a hacerlo amparándose, dijo, en la trasposición de una ley europea. «Es inadmisible, no lo vamos a apoyar. Va contra las pequeñas empresas de la ciudad. Quieren que los negocios den sus datos económicos al Concello para sangrarlos», aseguró el líder de los conservadores en la ciudad. Anunció que entre esta semana y la que viene se reunirá con los hosteleros y comerciantes para hablar del impacto que tendría la nueva tasa en caso de que se aplique. ¿Qué propone el PP? La receta de Rafa Domínguez es «esperar y ser cautos». Por el momento no hay más alternativa. No descartó que haya que acudir a la FEMP y a la Fegamp, en el caso de Galicia, para ver cómo se puede afrontar el problema y para que no se produzca una aplicación distinta en cada ciudad. «Tiene que ser una solución homogénea que se pueda aplicar en todas las ciudades». El concejal, que es también vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, no quiso avanzar qué hará el organismo provincial: «No estamos en disposición de decir nada más».
Rafa Domínguez insistió en pedir al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y al concejal César Mosquera que destierren su idea sobre la nueva tasa de residuos. La tarifa tiene que reflejar el coste real del servicio, directo o indirecto, las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluyendo la vigilancia de estas operaciones, el mantenimiento posterior al cierre de vertederos y las campañas de concienciación.
Desde las filas de la oposición creen que la tasa va a desincentivar el reciclaje, la separación de residuos y la inversión. Y puso el ejemplo de la futura planta de compost de Pontevedra, estimada en nueve millones de euros: «Habría que pagarla con la tasa de los ciudadanos y por el Concello». Aunque el debate surgió hace varios meses, estalla cuando la previsión en la ciudad es que el nuevo contrato de residuos entre en vigor en la segunda mitad del 2025, con un incremento del coste anual de 7 a 12 millones de euros. La filosofía de la nueva ley es una directiva marco de residuos europea y la necesidad de avanzar en el camino del «pago por generación».