La víctima se percató del engaño al observar que la joven «no tenía síntomas de su dolencia», así como que «comía y bebía lo que le apetecía»
18 may 2025 . Actualizado a las 11:09 h.Una joven de 17 años y nacionalidad rumana ha sido condenada por el Juzgado de Menores, pena confirmada por la Audiencia de Pontevedra, a doce meses de libertad vigilada con la obligación de realizar un programa de formación prelaboral y búsqueda activa de empleo, otro de capacitación en habilidades parentales positivas y, ya por último, un tercero de educación en valores cívicos y de convivencia, así como del fomento de la empatía.
Se le considera autora de un delito de estafa después de que en marzo del 2022, en compañía de una segunda mujer no enjuiciada en este procedimiento, conociese a la víctima, un pontevedrés de 75 años. De este modo, durante el café al que este último las invitó, la enjuiciada le expuso «una deficitaria capacidad económica», con lo que consiguió que este le abonara la compra en un supermercado. Esto se volvería a repetir hasta en cuatro ocasiones.
Meses después, en julio de ese mismo año, la víctima invitó a comer a la por entonces menor, quien se presentó con una tercera mujer, en realidad su cuñada. Ambas le manifestaron que la ahora condenada «padecía una grave enfermedad, con peligro de muerte sino se sometía a una intervención quirúrgica en los catorce días siguientes», así como le trasladaron que el coste de la operación ascendía a dos mil euros, dinero que «no disponían».
El engaño
Creyendo que la expedientada era madre soltera de un bebé después de que su pareja la hubiera abandonado, que carecía de medios económicos y que vivía de la mendicidad, el pontevedrés picó el anzuelo y asumió que su interlocutora estaba en peligro real de muerte si no se sometía a una intervención quirúrgica urgente. Esto determinó que le facilitase un total de 1.600 euros en dos entregas, mil euros el 21 de julio y otros seiscientos euros al día siguiente.
Sin embargo, antes de entregarle los cuatrocientos euros restantes, el pontevedrés comenzó a desconfiar de la veracidad de la operación al percatarse de que la joven «no tenía síntomas de su dolencia», así como que «comía y bebía lo que le apetecía». Esto le llevó a ponerse en contacto con la clínica donde supuestamente debía efectuarse la intervención quirúrgica para comprobar el relato de esta última, «descubriendo entonces que fuera víctima de un engaño».
Acto seguido se desplazó al cuartel de la Guardia Civil para denunciar lo ocurrido, comenzando entonces a recibir reiteradamente llamadas telefónicas apremiándole para que les entregase los cuatrocientos euros restantes para completar los dos mil euros que le pidieron para la falsa operación.
El pontevedrés, aconsejado por los agentes del instituto armado, concertó una cita delante de un cajero bancario, circunstancia que facilitó la detención e identificación de ambas jóvenes. Todo parece apuntar a que el denunciante no se percató de que la joven era menor de edad.
Sentencia firme
Esta estuvo en paradero desconocido durante la tramitación del expediente por parte del Juzgado de Menores de Pontevedra hasta su localización en febrero del 2024. Por su parte, la víctima no reclamó el dinero estafado, ni se personó como acusación particular: «La renuncia a las acciones civiles por parte del perjudicado no excluyen el ánimo de lucro ni el carácter delictivo de los hechos», remarca la Audiencia a la hora de desestimar el recurso de apelación una sentencia que declaran firme, por lo que no hay posibilidad de recurso.