Los populares hicieron gestiones para conseguir el expediente abierto por la Comisión Europea sobre la gestión de la autopista
12 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Cargos del PP en la provincia de Pontevedra se desplazaron este sábado a la parroquia de Saiar, en el municipio de Caldas de Reis, para reclamar la transferencia de la autopista AP-9. Los populares denuncian lo que califican de «agravio constante» a Galicia por parte del Gobierno central. Reclaman al Estado que cumpla su compromiso porque, subrayan, la comunidad autónoma merece gestionar la que es su principal vía de comunicación.
«Seguiremos esixindo dende todas as institucións que se poña fin a este bloqueo e que se cumpra co compromiso adquirido», afirmaron los conservadores en un viaducto de Saiar. En Caldas estuvo, entre otros muchos cargos del partido, el eurodiputado Adrián Vázquez, quien explicó que ha pedido a la Defensora del Pueblo europeo que medie para conseguir el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9. Una información, dice el PP, que el Gobierno central sigue sin facilitar a Galicia. El eurodiputado realizó una consulta a Teresa Anjinho durante la celebración de la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo y también por escrito, y la Defensora del Pueblo europeo se comprometió a analizarlo, detalló.
«O caso da AP-9 é paradigmático. Xa non é un problema galego, xa non é un problema español, é un problema europeo. Desde o ano 2021, a Comisión Europea ten aberto dous procedementos sancionadores contra o Goberno de España pola terrible xestión da AP-9, que se considera unha infraestrutura estratéxica non só da nosa terra, tamén de toda Europa», expuso el eurodiputado popular.
Por su parte, el diputado en el Congreso Pedro Puy subrayó que la AP-9 es la autopista que vertebra el 60 % de la población de Galicia, y que su transferencia ya fue solicitada hasta cuatro veces de forma unánime por el Parlamento de Galicia. El parlamentario exigió que se dejen de poner trabas que impiden que la comunidad pueda tener una autopista gratuita y de titularidad autonómica.