Las conclusiones finales de los investigadores resaltan las presuntas negligencias del patrón y de la armadora del Villa de Pitanxo de cara al juicio que tendrá lugar en el 2026
26 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Demoledor. Ese es el adjetivo que resume el contenido del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (CIAIM) que determina las causas del trágico naufragio del Villa de Pitanxo. Las conclusiones de los peritos oficiales de ese organismo, dependiente del Gobierno de España, concretamente del Ministerio de Transportes, cargan todas las responsabilidades en el capitán del pesquero marinense y en la empresa armadora, propietaria del barco.
El informe de conclusiones difundido esta semana señala al primero, Juan Padín, como responsable principal del hundimiento del barco por una actuación que se juzga como negligente. Tanto por empeñarse en mantener el lance de pesca en medio de un tremendo temporal en el caladero de Terranova y, como consecuencia, por demorar fatalmente la orden de abandonar el barco cuando la tragedia era inevitable. Asimismo, las conclusiones finales de la CIAIM imputan a la empresa Pesquerías Nores diversas irregularidades graves como descuidar las medidas de seguridad a bordo que dificultaron que la tripulación evacuase con unas garantías mínimas antes de que el barco se fuera a pique en las aguas heladas de Terranova.
Las consecuencias de las presuntas irresponsables conductas que se les achacan fueron la pérdida de 21 vidas. Doce de esos marineros no pudieron ser localizados y descansan para siempre en el mar de Terranova. Solo 9 cadáveres se pudieron rescatar y entregar a sus deudos para recibir sepultura en sus respectivos lugares de origen.
Elementos de prueba claves
Ahora el asunto, con este informe definitivo ya concluido y entregado, se encamina a un juicio en la Audiencia Nacional que, sin duda llegará tarde. Casi cuatro años después de aquel fatídico 15 de febrero del 2022.
Tres elementos claves
De cara a ese juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional, presumiblemente en el transcurso del 2026, se configuran tres elementos de prueba claves, conforme se ha desarrollado la investigación del naufragio, según las diligencias judiciales que ha dirigido el magistrado instructor Ismael Moreno, titular del juzgado central número 2.
El más contundente es este citado informe final de la CIAIM que acabamos de conocer y que aún resulta más concluyente que el anterior en el tiempo que elaboraron técnicos comisionados por el juez como peritos judiciales y que fueron enviados a Terranova, a bordo del buque Ártabro entre mayo y junio de 2023. Recordemos que mediante las grabaciones con drones submarinos realizadas en las inmersiones en el pecio y a través de una recreación del siniestro realizada en un centro especializado, concluyeron ya que una serie de malas decisiones del patrón condujeron al tremendo desenlace. Razón por la que Juan Padín, está sujeto como investigado a medidas de control judicial, entre ellas con el pasaporte retirado, comparecencias periódicas y pendiente de ser juzgado por 21 presuntos delitos de homicidio imprudente.
Y sin duda, la tercera pata que sustentará la acción acusatoria tanto de la Fiscalía como de los letrados que representan a las familias de las víctimas, será el valioso testimonio que prestará uno de los tres supervivientes, Samuel Kouffie Kwessi, cuyo relato, que ha mantenido de modo inquebrantable, ha sido esclarecedor de lo que pasó a bordo del Villa de Pitanxo y después, una vez hundido, cuando solo unos pocos pudieron subirse a las balsas salvavidas y hasta que únicamente tres quedaron con vida para relatar lo que había pasado.
Descartados el propio capitán y su sobrino, Eduardo Rial quien ha emparejado su relato con el de su tío, solo el tripulante africano, afincado desde hace años en Marín, ha sido el contrapunto a la versión oficial del siniestro que el patrón, su familiar y la empresa armadora conjuntaron para diluir responsabilidades. Así lo sospechan, desde el minuto uno de la tragedia, los familiares de las 21 víctimas, quienes han recelado del relato del capitán y de la empresa, que ha sido desmentido por el testimonio de Samuel.
Desesperante lentitud
Para las familias de las víctimas, para los propios encausados y, por supuesto, para toda la opinión pública resulta desesperante comprobar la lentitud con la que se llevan estos asuntos en España. Tanto a nivel judicial como en el estamento administrativo.
¡Nada menos que tres años y medio de espera por el informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos! Hablamos de un organismo oficial que depende de la Administración central y que se ocupa de esclarecer causas y circunstancias de cuantos siniestros ocurren en un país con 8.000 kilómetros de costa y de cuantos accidentes tienen implicación con embarcaciones con bandera española. ¿Saben cuántos investigadores dispone la CIAIM? Pues solo diez. Lamentable. Así se explica el atasco de expedientes que arrastra. Hasta medio centenar de casos que aguardan por los correspondientes informes.
Afortunadamente el caso del Villa de Pitanxo ha salido de ese agujero administrativo, pero aún le queda por recorrer los sucesivos trámites judiciales que surgirán (recursos de los abogados del capitán y de la armadora que manifiestan su rotunda discrepancia con las conclusiones de la CIAIM) y que, a buen seguro, demorarán la fecha del juicio.
Acudo de nuevo a una cita de Horacio: «La justicia, aunque sea cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera».