Luz verde al derribo de un edificio en Marín tras una sentencia del TSXG que apercibió a la Xunta por dejadez
MARÍN
Desde hace diez años tiene orden de demolición, pero ha hecho falta un apercibimiento judicial
07 dic 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Las palas comenzarán en el 2025 el derribo de una obra ilegal en Lapamán, en la parroquia de Ardán, en Marín, a escasa distancia del mar. Lo harán treinta y dos años después de que se iniciase una construcción con licencia de Bueu en el municipio de Marín, y que no tenía encaje en la normativa urbanística en vigor en el municipio en el que sí está enclavada la parcela. La intervención de la Xunta, después de un transcurso tan largo de tiempo y que ya provocó sentencias a favor del derribo por el juzgado en el 2023 y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2015, viene ahora motivada por una nueva orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, que reprochó este 4 de septiembre a la Xunta su comportamiento en este caso y decretó la ejecución de la sentencia.
En su resolución de este verano, el juez calificó la obra cuestionada como un «grave atentado al paisaje» que además transmite a los turistas «una pésima imagen de Galicia». No solo tuvo duras palabras sobre la obra, sino también contra la propia Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), a la que recriminó una inactividad que el juez entiende inexcusable para llevar a cabo la demolición.
El juez recalca que la orden de demolición se dictó hace más de diez años y el edificio todavía sigue en pie a día de hoy. Sostiene que se trata de «un lapso de tiempo excesivo, más que suficiente para, con una mínima diligencia, haberlo podido derribar completamente».
Además avisa de que, a diferencia de otras ejecuciones «verdaderamente complejas», se trata «de un edificio a medio hacer». En su resolución, el juez también dio el permiso a la APLU para que la empresa adjudicataria entre en la parcela y acometa el derribo subsidiario de la construcción.
Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas indicaron el pasado septiembre, tras conocerse la nueva orden del juzgado de lo contencioso-administrativo, que la Xunta «executará a demolición o antes posible, tras non ter executado o propietario a demolición, tal e como se tiña notificado desde a APLU». El departamento autonómico aseguró que se impusieron varias sanciones coercitivas al dueño, pero que no efectuó el derribo.
Una vez que Vivenda llevó adelante la licitación del derribo, se personaron 16 empresas, y se escogió una por 133.463 euros, IVA incluido. Desde el departamento autonómico informan de que «os traballos de demolición se prevén iniciar a principios do próximo ano», es decir, en el 2025. «Neste momento do procedemento xa non hai posibilidade legal de paralizar o derribo pola nosa parte. A vía administrativa e xudicial esgotouse. O contrato para as obras de demolición está xa formalizado», concluyen desde la Xunta.