Salvo cambio de parecer improbable, los planes del Ministerio del Interior para Santiago, difundidos parcialmente a través del BOCG de anteayer, constituyen el episodio final de un culebrón montado en torno al posible traslado de la comisaría: ahora sí, luego no, otra vez sí... Va a ser que no.
En 1992, el Ejecutivo central y el local suscribieron un convenio que preveía la cesión al Concello del edificio de Rodrigo de Padrón. Cuatro años después, el entonces alcalde, Xerardo Estévez, incluso advirtió al Gobierno español de que, en el plazo de 24 meses, el Ayuntamiento quería tomar posesión del inmueble para habilitar allí un salón de plenos, un archivo y otros servicios. Pero aquel deseo nunca pasó de pretensión. Y el tema prácticamente desapareció de la actualidad informativa hasta un decenio más tarde, cuando el equipo de Rodríguez Zapatero incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para el 2006, por primera vez, una partida destinada a financiar la redacción del proyecto ejecutivo de un nuevo complejo que se ubicaría en Fontiñas.
La patronal de comerciantes del casco histórico Compostela Monumental reaccionó airada a la consignación de fondos y, mediante una misiva, exigió a Interior que diese marcha atrás. También por vía postal, la demanda recibió respuesta el 25 de agosto, en una iniciativa que, hasta el momento, constituía el último capítulo del serial. Aquella carta de contestación, firmada por el jefe de gabinete del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, rezaba: «No está previsto por la Dirección General de la Policía ningún cambio del lugar en que ahora se encuentra [el cuartel de la nacional]».
Y no cambiará de lugar, pero el lugar cambiará, y mucho.