La obra de reurbanización de la rúa San Clemente ha sacado a la luz un conflicto entre los vecinos de una de las comunidades de la calle acerca de la propiedad de un terreno. Se trata de la zona ocupada por las terrazas de los restaurantes Cotolay y San Clemente. Según uno de los vecinos, estos espacios ocupan terreno privado, por lo que reclama la anulación de las licencias y la devolución del uso de la propiedad. El Ayuntamiento tomó la decisión, a modo preventivo, de no intervenir en la zona hasta que se resuelva el conflicto.
Manuel Vilariño esgrime documentos para demostrar que el terreno ocupado por ambas terrazas es propiedad de la comunidad de propietarios de los números 6 y 8 de la citada calle. En las escrituras de sus inmuebles se recoge dicho espacio como zona verde privada. Vilariño comenzó su «batalla» en el 2003, cuando presentó los primeros escritos reclamando al Concello que ordenara la retirada de las terrazas. No sería hasta el verano del 2005 cuando solicitó las licencias de ambas terrazas y «descubrí que le concedieron la licencia con la misma fecha, exactamente el mismo día que yo pedía la información». El vecino considera que el Concello no puede conceder licencia para un terreno privado.
En una ocasión, el Concello le envió a la comunidad la orden para que retiraran los toldos fijos que tenía uno de los restaurantes y, para ello, se le concedían quince días para ejecutar la orden. Vilariño aseguró que se comunicó al Ayuntamiento que los toldos eran propiedad del restaurante, que tardó «dos años en retirarlos».
El vecino aseguró que, cuando fueron presentadas las obras de reurbanización, advirtió al Concello que ese terreno era privado, aunque «se apresuraron a pintar las mesas en el proyecto, mientras en los colindantes dibujaron la zona verde».
Después de varios años de litigio, Vilariño ha decidido contratar los servicios de un abogado y presentó un escrito en el Concello para que anule las licencias y ordene a los ocupantes que cesen en la ocupación del terreno. Vilariño indicó que concederá tres meses para actuar y, en caso contrario, presentará un recurso contencioso administrativo contra los establecimientos que, de acuerdo con su versión, ocupan el terreno privado de uso público.