El regreso de Conde Roa coincidió con una mayor judicialización de la vida municipal
15 abr 2012 . Actualizado a las 07:09 h.La querella contra Gerardo Conde por parte del Ministerio de Hacienda constituye el último capítulo de una etapa política del Concello en la que fueron más frecuentes que nunca las visitas a los juzgados de ediles o funcionarios y los amagos de denuncia. La judicialización de la vida local ya arrastraba un serio precedente con el proyecto de la plaza Roxa, que el actual gobierno no da aún por cerrado del todo, y ha tenido su fase más álgida con el caso Montebalsa. La época de Conde Roa en Raxoi es, curiosamente, la que más abogados reunió en el seno de la corporación local.
praza roxa
Proyecto modificado. En julio del 2008, ya en el transcurso de la legislatura de Sánchez Bugallo, Conde Roa y Néstor Rego, la Justicia archivó la denuncia del PP liderado por Dositeo Rodríguez contra el gobierno local por presunto delito en la construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza Roxa en el 2005. El juez constató la existencia de numerosas irregularidades en la obra del párking, cuyo proyecto fue modificado sustancialmente y ejecutado sin la preceptiva tramitación y aprobación. Los imputados fueron Bernardino Rama y varios funcionarios y técnicos.
montebalsa
Manipulación de concurso. En abril del 2009 enfiló el escenario judicial el caso Montebalsa, tras advertirse manipulaciones en el concurso que adjudicó a esta empresa las obras del pabellón Quiroga Palacios. El alcalde puso los hechos en conocimiento del fiscal y el PP presentó una denuncia en la que apuntaba hacia determinados responsables locales. El juez no imputó finalmente a ningún político y la resolución final condenó a un arquitecto y un aparejador. El PP, no obstante, siguió hablando de responsabilidades políticas.
filtración
Un atestado aireado. Ángel Espadas se vio involucrado, en marzo del pasado año, en un atestado de tráfico tras conducir con elevadas dosis de alcohol y fue condenado en un juicio rápido. Terminó abandonando su escaño en el consistorio. Los datos del atestado salieron a la luz pública a raíz de una filtración y el edil presentó una demanda para que la justicia investigase el hecho. El fiscal no halló indicios de criminalidad, pero el juez imputó a Sánchez Bugallo y a Bernardino Rama. El caso sigue en instancias judiciales.
amaño
Alteración en el registro. Una juez absolvió en diciembre del pasado año de un presunto delito de calumnias a Ángel Espadas, denunciado por el anterior gobierno local a raíz de unas declaraciones en las que el exedil aludió a una supuesta manipulación del registro municipal para favorecer al entonces grupo gobernante en un pleno de la corporación. Tras negarse a rectificar sus palabras, el Concello llevó a los tribunales a Espadas. La magistrada arguyó que Espadas hizo uso de la libertad de expresión.
incolsa
Facturas sospechosas. El grupo popular anunció en noviembre del 2009 la posibilidad de acudir al juzgado por la emisión por parte de Incolsa de una veintena de facturas sospechosas que fueron remitidas a la Xunta. La denuncia, que tendría como destinatario Xose Manuel Iglesias, no llegó a ser presentada.
plan de ajuste
Fraude de ley. El pasado día 4 el PP dio cuenta de que los servicios jurídicos estaban estudiando unas declaraciones del portavoz socialista Xosé Sánchez Bugallo por si eran constitutivas de un delito de injurias contra funcionarios municipales. Bugallo calificó el plan de ajuste de fraude de ley.
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