Matar al mensajero es la tentación que le pasa por la cabeza a muchos hombres públicos con comportamientos indignos o litigiosos. Pero pocos se atreven a expresarlo tan claramente como el alcalde de Santiago, que le ha pedido a la jueza Pilar de Lara que le ponga puertas a la información de determinados medios.
Es lo peor que se le puede ocurrir a un político, reclamar abiertamente la censura. Quizás se animó con el lamento de su jefe Alberto Núñez Feijoo de desayunarse a diario con noticias frescas del mundo de la corrupción y la deshonestidad política.
Ángel Currás tropezó con la sensatez judicial. Pero su callejón postulante tampoco tenía demasiada salida, salvo que se encontrara con un magistrado túzaro a quien le sobre lo de prensa y le baste con lo de canallesca. Pilar de Lara no solo ha exhibido cordura, sino que ha hecho una encendida defensa de libertad de información en una sociedad democrática. Quizás fue alumna de McLuhan, pero mejor no lo pudo expresar.
Es verdad que el horno periodístico no ofrece los mejores bollos para un desayuno tranquilo, pero la tranquilidad la garantiza el no pisar charcos. Si se pisan sí que surge el nerviosismo, el desasosiego y la tentación invencible de acudir a la jueza para ponerle remedio.
Lo que se desprende de las cintas grabadas y de las investigaciones periodísticas está ahí y muestra una realidad lamentable del proceder político, al margen de que el juzgado se pronuncie. Una cosa es la resolución judicial y otra la política y ciudadana. Y lo que públicamente se conoce y salió a la luz es suficiente para decir adiós a la gestión pública. Y luego están las propias decisiones de los jueces y los códigos de cada quien.
A menudo se ha escuchado la conmovedora declaración de que lo fácil es dimitir y gozar de la paz familiar, pero que puede más el sentido del compromiso. Lo difícil es dimitir, y la galaxia política ha dado sobradas pruebas de resistencias numantinas.
Justicia propia
Un año y pico en estas condiciones, con la sensación de una lenta agonía, es difícilmente soportable para una administración pública plagada de imputados. Y, por lo que se ve, también es insoportable para quienes protagonizan judicialmente el turbulento escenario. Va en el sueldo, en esa paga que millones de ciudadanos quisieran para sus desnutridas cuentas.
El sueldo de Ana López Suevos también tolera las andanadas de quienes arremeten contra sus pareceres judiciales por su distancia con los pareceres propios. La justicia exige respeto siempre, salvo cuando su peso me aplaste. Y si me aplasta no es la rectitud legal la que descarga el mazazo, sino la ideología del instructor. Y es que Ana es el único magistrado que tiene un ideario. Los demás son seres ideológicamente asexuados, como todo el mundo sabe. El colectivo judicial ha salido rápidamente en defensa de la jueza, escrupulosa profesional que en su día había archivado una causa contra ediles conservadores compostelanos porque las pruebas no eran elocuentes. Ahí no la rondó el ángel negro.
Si un munícipe sabe que en el lamedal en el que se va a meter hay arenas movedizas, y decide adentrarse, debe ser consciente de que algo lastimoso puede ocurrirle. No harían falta luego lamentos ni pronunciamientos monolíticos sobre la fraternidad del grupo y la persecución de medios y jueces. Ni poner en la flanera a la evasiva cúpula popular. A propósito, ¿alguien en Raxoi ha puesto una parabólica en la ciudadanía? No, por nada, por la mera curiosidad de saber qué opina. Desafortunadamente hay muchas parabólicas más allá de Pedrafita que están captando una inmerecida imagen de la ciudad.