Un juzgado ordenó reconstruir las diligencias abiertas tras la querella que presentó contra ellos la vecina de Padrón por no investigar la gestión de la Fundación Cela
04 dic 2014 . Actualizado a las 09:49 h.Tres juzgados distintos, de Padrón, Madrid y Santiago, instruyen causas relacionadas con la denuncia que en el año 2011 presentó la vecina de Padrón Lola Ramos García en la Fiscalía por presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Camilo José Cela, de Iria-Flavia. Una primera querella se tramitó en un juzgado de Padrón, por la que hay tres imputados, entre ellos Marina Castaño y Tomás Cavanna; la segunda en Madrid contra el hijo de Cela; y la tercera en Santiago, contra Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijoo.
Esta última fue presentada el 24 de agosto de 2012, en base a la omisión del deber de perseguir delitos que se recoge en el artículo 408 del Código Penal. Este establece que la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Pasividad
Con esta querella, Lola Ramos quiso denunciar lo que ella considera «inactividad o pasividad» de diversos cargos públicos, en este caso presidentes de la Xunta, ante las continuas solicitudes que le iba haciendo llegar a Manuel Fraga, Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijoo desde el año 2004 para que, en base a la documentación que les aportaba, investigaran las presuntas irregularidades en la gestión económica de la fundación padronesa, una entidad que recibía subvenciones públicas.
A Fraga lo dejó fuera de la querella al haber fallecido. Por esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número dos de Santiago, cuando su titular era Vázquez Taín, decidió abrir diligencias previas y archivarlas, una decisión que fue recurrida por el abogado de Lola Ramos, Xosemaría Rodríguez. Ahora, la vecina de Iria acaba de saber que la secretaria del juzgado de Santiago acreditó hace justamente un mes la desaparición del expediente, una vez que la funcionaria encargada del mismo lo buscó y no lo localizó.
Por ello, en base a la solicitud presentada por el abogado de Lola Ramos, el juzgado ordenó el pasado 10 de noviembre que se recupere materialmente de la aplicación informática cuantos antecedentes haya en relación a este expediente, así como solicitar a la Fiscalía de Santiago y a las partes personadas en el procedimiento que aporten copia de los «documentos, escritos y resoluciones» recaídas para la reconstrucción de las actuaciones.
Punto de partida
La decisión de Lola Ramos de denunciar las presuntas irregularidades de la Fundación Cela tiene su punto de partida en el año 2004 en la Biblioteca Nacional de Madrid, a la que Lola Ramos, que entonces residía y trabajaba en la capital española, acudía a menudo al departamento de investigación para recabar información sobre obras de Cela, como gran seguidora que era de su literatura. Allí encontró datos publicados sobre «presuntos entramados» en la fundación, denunciados por dos ciudadanos gallegos y archivados «alegando insostenible pretensión del denunciante», según recuerda Lola Ramos.
Pero, con esa documentación, Ramos se puso en contacto con dos de los hermanos de Cela para dirigirse, «siempre bajo la máxima discreción», al entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y comunicarle las posibles irregularidades en la fundación padronesa. La respuesta de Fraga no le convenció y ese año presentó la primera denuncia, en este caso administrativa, en el Ministerio de Hacienda por posibles «irregularidades tributarias». También envió un telegrama al rey, presidente de honor de la entidad padronesa.
Ese año presentó, además, la primera denuncia en un juzgado, en este caso de Madrid, que fue archivada. Hoy, Lola Ramos recuerda que, entonces, su abogada le advirtió que «los jueces no se atrevían a dar curso a tales investigaciones porque los Cela tenían mucho peso».
Información anónima
A raíz de esa primera denuncia, Lola Ramos salió en los medios, lo que le permitió recabar información anónima, alguna interna y relacionada con las juntas de los patronos, además de nóminas de empleados, y que en su día le llegó a ofrecer al hijo de Cela para que este la incorporara a su denuncia por la herencia.
A la par, fue comunicando las supuestas irregularidades a las máximas autoridades de Galicia, desde Manuel Fraga a Núñez Feijoo pasando por Pérez Touriño, este en el 2005, 2006 y 2007. En esos años Ramos no cesó en su empeño -ella lo califica de «calvario»- de enviar cartas y comunicaciones a distintos cargos públicos de la época, entre los que menciona a las que fueron conselleiras de Cultura y Educación, Ánxela Bugallo y Laura Sánchez Piñón; al Protectorado de Fundaciones de la Xunta, al rector de la USC Senén Barro, patrono de la fundación, y al conselleiro Méndez Romeu. También se dirigió al Concello de Padrón. En enero del 2010 envió la primera carta a Núñez Feijoo, que repitió en diciembre de ese año.
Pese a las incontables denuncias, ninguna de las autoridades mencionadas ordenó una investigación, sino que continuaron dando fondos públicos a la fundación, según explica la vecina. Por ello, ante la pasividad y la «desidia persistente» de todos ellos, Lola Ramos está «decidida a exigir las responsabilidades que le corresponden a los gobernantes» en base al artículo 408 del Código Penal, una vez que guarda todos los escritos enviados, con su cuño y fecha.