Casi 6.000 millones de euros al año. Cerca de 500.000 millones todos los meses. 900 euros de media cada mes por cada uno de los 500.000 pensionistas gallegos. ¿No es una cifra apetecible para un banco? Pues se ve que no, a tenor de cómo tratan a sus clientes jubilados. Fui testigo dos veces en los últimos días en dos céntricas entidades compostelanas. En la primera, entra el anciano apoyado en su cansado bastón, mira a los lados perdido entre luces, gentes y actualizadores de libretas, se aproxima por fin al mostrador y, cuando logra sacar la cartilla y explicar que quiere pagar una factura de la luz, recibe una cortante respuesta sobre el horario de cobro para los recibos no domiciliados que el hombre no entiende, pero ante el tono brusco, se repliega con su arrugada libreta rumbo al roído bolsillo de la gastada chaqueta. A la segunda sucursal accede un matrimonio de esos que cobran una pensión media de 900 euros al mes, que multiplicados por dos y por las catorce pagas anuales resulta una nada despreciable cantidad de 25.200 euros al año. Migajas para el banco, que hace poco cerró la sucursal que tenían al lado de casa y ahora los obliga a coger un taxi hasta Santiago para aclarar no sé qué problema con una tarjeta que la dependienta tampoco les resuelve porque, con malos humos, los manda al banco de al lado, pese a que esta entidad se acaba de fusionar con la de la oficina por la que deambulan los abuelos.
Me fui de la moderna sucursal bancaria maldiciendo el futuro de una sociedad que no respeta a su pasado. Pero antes de salir le dije una cosilla a la empleada. En el mismo tono que había empleado ella, nada más.