Que la principal autopista gallega es un lujo para los bolsillos de la inmensa mayoría de los ciudadanos es una realidad que ya nadie discute. Como tampoco deben quedar dudas sobre las decisiones políticas que han ido contribuyendo a encarecer los peajes, cargando sobre las economías familiares el coste de medidas que no siempre han reportado una mejora notable del servicio.
Lo cierto es que Galicia debería estar preparando, como si de otro Xacobeo se tratase, los fastos de celebración del paso de la AP-9 a la gestión pública en el 2023. Pero no podrá hacerlo, porque ese negocio privado seguirá blindado al menos hasta el 2048. Así lo decidió el Gobierno de Aznar en el 2000, cuando prolongó por 25 años más una concesión que ya debería haber expirado en el 2013 si el Ejecutivo de González no hubiera prorrogado por otro decenio ese lucrativo contrato. Aznar usó esa moneda de cambio para que la concesionaria completara los trazados pendientes en las proximidades de Tui y la frontera con Portugal.
La empresa que gestiona la AP-9 también ingresa cada año de las arcas del Estado y la Xunta -es decir, de todos los ciudadanos vía impuestos- sumas millonarias por la gratuidad acordada en su día en trazados del entorno de A Coruña y Vigo. Pero esos ingresos no evitaron la desaforada escalada de los peajes por sucesivas decisiones políticas de pagar obras con subidas tarifarias. La última es la extensión de la capacidad del vial en el tramo que circunvala Santiago. ¿Era necesaria? Aunque probablemente no en la misma medida que la ampliación de Rande, todo quedará pagado y bien pagado con cargo a nuestros bolsillos.