Si ponemos en el fiel de la balanza el elemental, de sentido común, respeto a la ordenación del tráfico en todo momento y lugar, usted, sufrido ciudadano, podrá escorarse un pelín a la derecha o a la izquierda al valorar las medidas coercitivas que se aplican para que nos lo pensemos dos veces antes de rebasar ese espacio de convivencia. Sin voluntad de hacer proselitismo -¡Dios me libre!- he de decir que me sobran radares, cámaras sancionadoras y «grandes hermanos», pero admito que no vivimos en una sociedad idílica en la que sean innecesarias las normas y los castigos. Viene esto a cuenta del frenesí que el nuevo gobierno compostelano está exhibiendo al decidir la implantación de radares y cámaras en tramos supuestamente peligrosos (paso inferior de Conxo en la SC-20 y avenida de O Restollal) o en otros donde se ha optado por un tratamiento semipeatonal (Xoán XXIII a la entrada del centro histórico, al estilo de la Rúa de San Pedro). Bien, apliquemos una sobredosis de prudencia y, escorándonos un paso a la derecha, aceptemos su conveniencia. Lo difícilmente aceptable a la izquierda y a la derecha, salvo que haya motivos razonablemente inapelables -y confesables-, es que una parte suculenta de las multas, de todas las multas municipales, se la embolsa una empresa privada concesionaria del supuesto «servicio». El 30 %, nada menos. ¿Es que no tiene el Concello capacidad de gestión sobre el cobro de multas y se ve obligado a externalizarlo a precio de oro? Si no la tiene, sería preocupante, pero bien podría crear un servicio propio con lo que deja de ingresar. Y si la tiene, que rebaje el importe de las sanciones o que destine ese 30 % a arreglar las calles, que falta hace.