Entre la estratosférica subida del precio de los combustibles y el empeño del Concello por expulsar los coches del casco urbano, ayudado por el ya previsto veto a los vehículos de más de quince años en todas las ciudades por exigencia de la Ley de Cambio Climático desde el 2023, llegará el día en que la única combustión que se elevará al cielo compostelano a salvo de la transición ecológica será la densa columna de humo blanco de la monumental chimenea de Finsa. Mientras tanto, los miles de coches que entran en Santiago cada día, de personas que no vienen a pasar el rato —y que, por tanto, no generan un tráfico ocioso— deberán tener un espacio donde aparcar. Ahora bien, otro empeño municipal —por acción u omisión— como es la expulsión de vecinos por una política de vivienda restrictiva y nada social, no ha sido correspondido con la necesaria dotación de espacios de estacionamiento, salvo para sangrar el bolsillo de quienes, por residir fuera del casco urbano, por no disponer de una plaza de aparcamiento propia o, simplemente, por no tener a mano el transporte público, se ven obligados a utilizar un medio de movilidad privado. La red de párkings públicos concesionados son un lujo por obra y gracia del Concello, que en los últimos treinta años solo hizo un par de excepciones plausibles: los párkings de gestión directa municipal (léase el de Xoán XXIII) y el área de estacionamiento periférica a cielo abierto en Santa Marta, primera piedra esta de una red que debería estar funcionando en el bienio Xacobeo pandémico y que no estará. El vencimiento de las concesiones de los párkings subterráneos de las plazas de Galicia y de Vigo en el próximo mandato será una buena ocasión para enmendar este histórico error, esté quien esté al mando en Raxoi. Y también lo será la inminente reforma de la terminal ferroviaria para que el ADIF empiece a tratar a los cautivos de su actual explanada con barreras —el título de párking le viene grande— como usuarios con derechos. El administrador ferroviario y su concesionada los tratan como a borregos y se limitan a cobrar por ocupar un espacio marcado con pintura en el suelo público. Ahora, además, suben el precio de los abonos sin previo aviso. Formidable atraco legal. Y no pasa nada.