El nuevo modelo de flota encarece 12 millones el contrato del transporte de Santiago

Santiago tendrá una flota de autobuses de bajas emisiones. No es lo que se preveía cuando el Concello comenzó con la elaboración de los pliegos para la contratación de la nueva concesión. Entonces se optaba por una solución mixta: al menos 25 vehículos tendrían que ser de energías más limpias (tres de ellos eléctricos puros). Los otros 33 serían convencionales. Pero la trasposición de una directiva europea hace unos meses cambió el escenario. Ahora no solo todos ellos han de ser de bajas emisiones, sino que se incrementan de forma notable las unidades de emisiones cero, que pasan de las tres iniciales a trece. Y eso supone mayores costes.

Solo los eléctricos pueden más que doblar el precio de los convencionales. Y los de biodiésel, biogás o híbridos de diésel y eléctricos, algunas de las posibilidades de propulsión para el resto de la flota —dependerá de lo que oferte la próxima adjudicataria—, también suponen incrementos importantes. El Ayuntamiento ha tenido que reformular las cuentas para licitar la nueva concesión teniendo muy presentes las nuevas exigencias comunitarias. Y la diferencia no es menor. El paso de la totalidad de la flota a modelos de cero o bajas emisiones encarecerá la contratación en 12,5 millones.

Es lo que refleja el segundo Plan de Contratacións del Concello, el documento que recoge las previsiones contractuales municipales para todo el ejercicio. El primero, del 2020, estimaba el coste del nuevo contrato para el transporte urbano en 117,2 millones de euros (sin IVA) para un período de diez años. El actual eleva esa estimación a los 129,8 millones, un 10,7 % más, lo que supondrá un gasto de prácticamente trece millones (12,98) al año, un millón más por anualidad de lo que se proyectaba en el 2020. Ese será al menos el importe con el que saldrá a licitación. El precio final ya dependerá de la capacidad de las empresas que opten al concurso para ajustar los costes de la flota respetando las exigencias del pliego que emanan de las directrices comunitarias.

Según el concejal delegado de Transportes, Gonzalo Muíños (PSOE), el incremento obedece a la ampliación de las unidades de bajas o cero emisiones exigidas por la Unión Europea. Inicialmente se preveían 25 autocares de esas características y ahora serán las 58 que la nueva operadora deberá aportar cuando asuma el contrato.

La licitación se prevé este año

La estructura de costes del servicio prevista en el 2020 para asegurar el equilibrio financiero de la explotación implicaba la actualización de tarifas, con un incremento del 25 % en el billete ordinario y un amplio recorte en la prestación a los pensionistas —ahora con gratuidad total, con carácter general—, aunque Muíños observa que no se puede dar por hecho que esa vaya a ser la repercusión real sobre las tarifas. Alude a que la competitividad en el proceso de adjudicación puede rebajar los costes y descarta que el sobrecoste de los autobuses vaya a suponer una mayor presión sobre la estructura tarifaria avanzada en el 2020. El transporte urbano mantiene congelada su tabla de precios desde el 2010.

Con el contrato ya vencido desde el mandato anterior, y después de los retrasos en la licitación que supuso, primero la pandemia, y más recientemente la normativa europea sobre los autobuses, el Ayuntamiento espera iniciar la licitación del nuevo contrato antes de que concluya este año.

La concesión del agua supondrá más de 456 millones, casi 22 por anualidad

El nuevo contrato del agua, en el caso de que finalmente se opte por el modelo concesional, implicará un coste de 456,6 millones de euros durante los 21 años de vigencia (20 de concesión y uno de prórroga), el horizonte temporal que recoge el Plan de Contratacións. Esta previsión supone 4,1 millones más de la que se manejaba en el 2020, por la subida de la energía eléctrica. Aunque la cifra no es nada desdeñable, porcentualmente apenas supone el 1 % (0,9) del total. El importe final recoge las inversiones que la concesionaria debería adelantar en los ocho o diez primeros años para renovar y ampliar infraestructuras propias del servicio.

La licitación de este contrato, vencido también en el mandato anterior, no está clara todavía. Si el pleno respalda este mes que se mantenga el sistema concesional, se sacaría a concurso hacia final de año. En caso contrario, la decisión sobre su gestión quedaría ya para la próxima corporación.

CA calificó ayer el Plan de Contratación de «mestura entre propaganda e o trilerismo do goberno de Bugallo» y preguntó por el inexistente del 2021 y el «fracaso» del del 2020, que no se cumplió en su totalidad.

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